Ecuador enfrentó uno de los eventos naturales más letales de su historia. Un sismo de 7.8 grados de magnitud en la escala de Ritcher, cobró la vida de 671 personas y generó un costo total de la reconstrucción en 3 343,8 MMUSD. El gobierno de la Revolución Ciudadana liderado por Rafael Correa enfrentó el desastre de manera inmediata con medidas urgentes y soluciones permanentes para todos, especialmente para los sectores más vulnerables.

El 16 de abril de 2016, un sismo de magnitud 7.8 Mw de 75 segundos de duración azotó la costa norte y centro del país. El movimiento fue sentido en todo el país y el epicentro se ubicó frente a las costas de Pedernales, a 20 kilómetros de profundidad. Debido a las afectaciones, el Gobierno de la Revolución Ciudadana declaró el estado de excepción en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Guayas, Los Ríos y Santa Elena.

Las áreas más afectadas por el evento fueron zonas con alta vulnerabilidad social y económica, lo cual se reflejó en altos niveles de pobreza y ruralidad, superiores al promedio nacional. Los cantones más perjudicados en la provincia de Manabí fueron: Bolívar, Chone, Jama, Jaramijó, Manta, Montecristi, Pedernales, Portoviejo, Rocafuerte, San Vicente, Sucre; en Santo Domingo de los Tsáchilas: La Concordia, Santo Domingo; en Esmeraldas: Muisne. Todos ellos concentraban más de un millón y medio de personas, cerca del 10% de la población total del país.

La principal consecuencia del sismo fue la pérdida de vidas humanas, bajo el colapso de las edificaciones. Durante las primeras 72 horas, 4 859 personas fueron atendidas por heridas y otras lesiones directas producidas por el sismo. Las labores de búsqueda y rescate permitieron identificar a los 231 desaparecidos que se habían reportado, de los cuales 135 fueron rescatados con vida. El número total de fallecidos llegó a 671 (considerando la réplica ocurrida el 18 de mayo de 2016). Hasta el 9 de octubre de 2016, se registraron 111 957 familias damnificadas, un total de 381 819 personas. Además, hubo significativas pérdidas de viviendas y de infraestructura productiva y social (escuelas, hospitales, centros de salud, entre otros).

Costos de la Reconstrucción

El Gobierno Nacional, con el apoyo técnico de organismos internacionales, estimó el costo de la reconstrucción. Este costo tomó en cuenta el de la restitución mejorada de activos, los flujos que se perdieron y la respuesta inmediata frente a la emergencia e incluyó una estimación del valor de las políticas públicas que se implementarían para la reconstrucción de las zonas afectadas. El costo total de la reconstrucción se estimó en 3 343,8 MMUSD, de los cuales 2 252,3 MMUSD (67%) provendrían del sector público y 1 091,5 MMUSD (33%), del sector privado. El sector más afectado y con el mayor costo fue el social; solo la reconstrucción del subsector vivienda requirió cerca de 653 MMUSD (20% del total de reconstrucción).

Principales Intervenciones

Eje de Emergencia

El eje de emergencia tuvo tres objetivos principales: (i) garantizar alojamiento, alimentación y servicios básicos a la población que perdió sus viviendas; (ii) relocalizar a las familias en albergues y refugios, en casas de acogida y hogares temporales; y, (iii) iniciar la restitución de los servicios básicos.

Albergues y Refugios

La gestión permanente en albergues y refugios permitió garantizar la seguridad integral de la población afectada, permitiendo el acceso a servicios de salud y educación.

El cierre de albergues de la mano con la entrega de viviendas a las familias afectadas, tuvo como fecha límite de cierre el mes de mayo de 2017.

Bonos de acogida, alquiler y alimentación

La entrega de estos bonos fue una estrategia temporal enfocada en las familias que no se localizaron en albergues o refugios, pero que contaban con un hogar de acogida. Se planteó una diferenciación en la vigencia de los bonos: en zona urbana, los bonos de acogida o los de alquiler se entregaron hasta 6 meses, mientras que, el bono de alimentación hasta 3 meses. Para la zona rural principalmente se entregaron bonos de alimentación.

Hasta el 31 de marzo de 2017, se entregaron 39 083 bonos de acogida, 7 466 de alquiler y 58 286 de alimentación, con el propósito de apoyar a las familias que acogían a los damnificados. Alrededor del 80% de estos bonos fueron entregados en Manabí y el 11,4% en Esmeraldas.

Eje de Reconstrucción

En este eje planificó, de manera organizada e integral, la ejecución de proyectos que permitieron la recuperación de los medios de vida de la población, alineados a las estrategias de reactivación productiva.

El Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva estableció como prioridades la recuperación de la infraestructura pública, equipamiento urbano, reasentamientos, viviendas (reparación, reconstrucción y construcción) y el restablecimiento de los servicios básicos, de salud pública y el educativo. Vivienda fue el rubro que requirió la mayor parte de los recursos y tuvo como objetivo la reposición de los medios de vida de las poblaciones afectadas y el cierre de albergues.

Sobre la base de las responsabilidades establecidas en el marco normativo, se designaron las entidades responsables de este eje y se coordinaron las acciones entre el Gobierno Central y los Gobiernos Locales. Los principales hitos alcanzados en el eje de la reconstrucción, de acuerdo con cada entidad responsable, son los siguientes:

Desarrollo Urbano y Vivienda

La reconstrucción en el sector urbano y de vivienda se enfocó en la reparación y construcción de viviendas en terrenos propios y terrenos urbanizados por el Estado.

El Gobierno priorizó la entrega de 45 470 soluciones habitacionales. Hasta el 20 de abril de 2017 se repararon 13 307 viviendas, se entregaron 8 847 viviendas construidas en terreno propio y 1 737 viviendas construidas en terrenos urbanizados por el Estado (MIDUVI. Además, se planificó la construcción de 22 422 viviendas en terreno propio, principalmente ubicadas en zonas urbanas y en las “zonas cero” de las ciudades más afectadas.

Agua potable y Saneamiento Ambiental

El Gobierno Central intervino en la construcción y reconstrucción de 17 proyectos de agua potable y saneamiento ambiental con un monto asignado y ejecutado al 100% de 19,2 MMUSD, así como 11 proyectos en ejecución por un monto de 51,3 MMUSD (Secretaría Técnica, febrero 2016).

Educación

El inicio del período lectivo se dio en condiciones adecuadas debido a la construcción y equipamiento de 26 unidades educativas provisionales (24 en Manabí y 2 en Esmeraldas) y a la reparación de 912 unidades de ellas, hasta junio de 2016 (Secretaría Técnica de Reconstrucción y Reactivación Productiva 2016).

Se entregaron 157 unidades educativas en 28 cantones del área que presenta mayores perjuicios y se repotenciaron 3 Unidades Educativas del Milenio (Portoviejo, Jama y Atacames). Además, se construyeron 7 Unidades Educativas del Milenio (en Portoviejo, Jaramijó, Jipijapa, Bolívar, Montecristi y Santo Domingo) y otros proyectos para educación superior enfocados en la reparación, fortalecimiento y construcción de institutos técnicos y tecnológicos 

Salud Pública

Para fortalecer la infraestructura pública, además de la reconstrucción y construcción de centros de salud, se planificó la construcción de 3 hospitales nuevos para las poblaciones de Bahía de Caráquez, Pedernales, Chone y la repotenciación del hospital de Manta.

Vialidad

La red vial en las provincias afectadas se encontraban habilitadas y en funcionamiento. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), reportó la terminación de 18 proyectos que incluyeron la demolición de edificaciones afectadas y remoción de escombros, así como trabajos emergentes en la red vial, por un monto 179,6 MMUSD.

Redes Eléctricas

La restitución del servicio eléctrico empezó a partir del segundo día posterior al desastre. En algunos sectores el flujo se recuperó entre 8 y 16 horas después de ocurrido el terremoto. La rehabilitación paulatina de la electricidad tomó entre 4 y 5 días, debido a daños considerables en las líneas de bajo y medio voltaje (Ministerio de Finanzas y Secretaría Técnica 2016).

Se ejecutó el Plan Integral de las Zonas Afectadas (PRIZA), cuyo objetivo fue reconstruir la infraestructura de subestaciones y líneas de subtransmisión así como optimizar los sistemas de distribución y comercialización del sistema eléctrico para lograr eficiencia en la prestación del servicio y efectuar el cobro correspondiente que garantice la sostenibilidad en el proyecto. En este sentido, se planteó la reconstrucción de las redes eléctricas y de telecomunicaciones subterráneas para la “zona cero”

Mecanismos de Financiamiento para Gobiernos Autónomos Descentralizados – GAD

El Banco del Estado (BDE) canalizó subvenciones, asesorías y líneas de crédito a través de los programas “Fortalecimiento Institucional para los GAD”59 y “Programa BDE Reconstruye”. El financiamiento asciende a un monto de 60 MMUSD (Banco del Estado, 2016), el 80% será con aporte del Gobierno Nacional, otorgado a través del BEDE y un 20% entregado en calidad de crédito a 10 años plazo.

Según la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, hasta el 11 de noviembre de 2016 se otorgaron compensaciones fiscales a los GAD por un monto de 48,8 MMUSD. Junto con ello, se asignaron 26,6 MMUSD de las compensaciones establecidas en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario (LORTI).

Eje de Reactivación Productiva

En este ámbito se propuso restituir los servicios y obras de infraestructura que permieron estimular las dinámicas productivas en las zonas afectadas por el desastre. La Secretaría de Reconstrucción enfocó sus esfuerzos en las siguientes medidas: (i) acceso a nuevos mercados (ferias de emprendimientos, ruedas de negocios, promoción de nuevos canales y mecanismos de ventas, etc.); (ii) fomento productivo; (iii) acceso a financiamiento; (iv) incentivos fiscales; y, (v) reconstrucción de infraestructura productiva. Estas medidas se focalizaron en los sectores de turismo, comercio, agricultura, acuacultura y pesca, e infraestructura productiva, al ser las actividades más representativas en el territorio. Bajo estos grandes lineamientos los recursos invertidos en este eje ascendieron a 207, 2 MMUSD, del total de esta asignación el 59% de este monto estuvo destinado al financiamiento productivo.

Estrategias y mecanismos de financiamiento

La política central de financiamiento se concentró en garantizar el acceso a la banca pública en las zonas afectadas, flexibilizando condiciones y simplificando la tramitología crediticia. Por instituciones, se adoptaron las siguientes decisiones:

  • Corporación Financiera Nacional (CFN): En correspondencia con la Ley Orgánica de Solidaridad, postergó el pago de créditos, tanto del capital como del interés, entre abril y septiembre de 2016 y otorgó una espera de 180 días a la declaratoria automática de plazo vencido para operaciones crediticias de deudores ubicados en las provincias de Manabí y Esmeraldas (no se iniciaron acciones coactivas).Complementariamente, se diseñó (i) el Programa de Financiamiento y Refinanciamiento “CFN Apoyo Solidario”; (ii) el Programa de Financiamiento para la Construcción de Consultorios Médicos en Manabí; y, (iii) el Programa de Financiamiento para Hospitales y Clínicas Privadas en Manabí. A febrero de 2017, se colocaron 88, 7 MMUSD, de los cuales el 88% se destinó a Manabí, principalmente en los sectores de manufactura, turismo, pesca, agropecuario y construcción; y, el 12% a la provincia de Esmeraldas, mayoritariamente en el sector agropecuario y manufacturero60.
  • BanEcuador: Diseñó la línea de crédito denominada “Contigo Ecuador”, direccionado a propiciar actividades pecuarias, agrícolas, pesqueras, comerciales y de servicios. Durante la primera y segunda fase se beneficiaron 9 772 personas, con un valor de diferimiento de 10, 77 MMUSD y el saldo capital de la deuda es de 53, 99 MMUSD a febrero de 2017.
  • Corporación de Finanzas Populares y Solidarias – CONAFIPS: Los beneficiarios de esta línea de crédito fueron personas naturales o grupos asociativos calificados y registrados en las entidades aliadas de la CONAFIPS, que estaban desarrollando proyectos productivos y que requirieron recursos para financiarlos. Hasta el 31 de octubre del año pasado se registraron 6 302 operaciones crediticias, por un monto de 12,3 MMUSD, mientras que para enero de 2017 se alcanzó un total de 25,1 MMUSD para la provincia de Manabí y 3,4 MMUSD para Esmeraldas.
  • Incentivos Fiscales: De acuerdo con la Ley de Solidaridad, junto a la inyección de recursos en la economía local, se trabajó en impulsar nuevos emprendimientos y/o la formalización de actividades productivas en las zonas afectadas. Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre abril y octubre de 2016 se crearon 12 535 nuevos Registros Únicos de Contribuyente en la provincia de Manabí, lo que representó un aumento de 12,6% en relación con el mismo período de 2015.

Sectores de intervención priorizada

  • Turismo: en este sector se destacaron los incentivos fiscales establecidos en la Ley de Solidaridad, que dispuse que las nuevas inversiones productivas del sector turístico estén exoneradas del pago de Impuesto a la Renta hasta por 10 años, contados desde el primero en que se generen ingresos atribuibles únicamente a la nueva inversión.
  • Comercio: la intervención de mayor impacto fue la reubicación de 1 800 comerciantes de la “zona cero” de Tarqui, en Manta. También fueron reactivados los mercados de Portoviejo, Rocafuerte y Jama.
  • Agricultura, Acuacultura y Pesca: las intervenciones se dirigieron a la recuperación de semillas, reparación de maquinarias y portes al sector camaronero. En pesca, se direccionaron inversiones para la reconstrucción y construcción de facilidades pesqueras para pesca artesanal.

Los esfuerzos y la planificación se centró en la reconstrucción y reactivación productiva enfocada en devolver los medios de vida, infraestructura y garantías sociales a la población afectada por el terremoto.

La reconstrucción que se ejecutó, ofreció mejores condiciones que las que existían antes del terremoto: para ello fue vital reconstruir mejor, para reducir y mitigar el riesgo, así como para evitar nuevos escenarios de desastre.

Se fortaleció las capacidades de respuesta y resiliencia en la población afectada y sus medios de vida para afrontar imprevistos de magnitud similar, o superior, al producido el 16 de abril de 2016.

Las políticas diseñadas estuvieron alineadas con la recuperación de las poblaciones afectadas de manera sostenida para dar una respuesta a las verdaderas necesidades de los territorios.

El rol fundamental del Estado fue asegurar el ejercicio de derechos fundamentales de la salud, educación, cultura, hábitat, vivienda y empleo; el acceso a servicios básicos; y una vida libre de violencia.

Informa Ecuador / Fuente: Informe a la Nación 2007-2017

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