En medio de una crisis sanitaria sin precedentes que de acuerdo a los datos oficiales hasta el momento arrojan 4450 casos positivos y 242 personas fallecidas, la justicia ecuatoriana ordenó realizar la audiencia para sentenciar al expresidente Correa a 8 años de prisión y 25 años de suspensión en sus derechos políticos en el contexto del denominado caso “Sobornos”.

La actuación del polémico tribunal de jueces fue cuestionada por Fausto Jarrín, abogado defensor de Rafael Correa por ser inoportuna y distractora para tapar las ineficiencias del gobierno.

“Los jueces decidieron hacer justamente la audiencia del denominado caso Sobornos pretendiendo que se violen las disposiciones de mantenerse en sus casas para asistir a la Corte, luego se inventaron la idea de hacernos escuchar la sentencia vía telemática. Yo no asistí porque no iba a avalar con mi presencia un acto de este nivel de ruindad, mientras el Ecuador necesita dedicarse a cuidar a sus enfermos, a enterrar a sus muertos ellos necesitaban cumplir con lo que se les dispuso desde un inicio y lo hicieron de una manera que no podía sino ser consecuente con lo que ha sido este caso”, dijo en entrevista a radio Pichincha Universal.

La sentencia es una burla

Para Jarrín la sentencia del tribunal es una burla. Ahora resulta que no tomaron en cuenta lo que dijo la Fiscal del Estado en todo el proceso.

“Se utiliza el mismo tipo penal no se dejado hablar de cohecho, sin embargo no solamente es el tipo penal lo que importa en derecho penal, es muy importante la culpabilidad, la anti juridicidad y en este caso la Fiscal habló que el expresidente Correa era el jefe de una estructura criminal que a través de sus ministros tenía armado un esquema para receptar sobornos. La Fiscal utilizó una teoría que viene desde Europa para establecer que existe una estructura jerarquizada de poder, sin embargo ayer los jueces decidieron que la teoría del caso de la Fiscalía no es válida porque no se ajusta a lo que se ha podido probar..”

“Autor mediato por instigación”

Según el experto en derecho penal al desechar la teoría de la Fiscalía, el tribunal sentenció al expresidente de ser autor mediato por instigación ya que supuestamente permitió y no evitó que Pamela Martínez tenga una supuesta especie de red.

“Si era una red un grupo de personas que estaban haciendo eso, el delito debía haber sido de asociación ilícita, criminalidad organizada; sin embargo usaron el delito de cohecho que no prescribe y se juzga en ausencia. Desde el principio del proceso improvisaron hasta encontrar el supuesto delito que les convenga”.

Se ha roto el principio de congruencia

El Caso “Arroz Verde”, denominado por Fiscalía como “Sobornos 2012-2016” arrancó con el presunto delito de concusión, luego se pasó al supuesto delito de cohecho y con una metodología distinta a la que utilizó la Fiscalía.

“Con estos antecedentes se ha roto el principio de congruencia se ha quebrado el principio de las normas de la ley y la Constitución sobre la interpretación de la norma penal. El Tribunal utilizó además una norma posterior más gravosa para afectar por 25 años los derechos civiles y políticos del expresidente Correa, es decir hicieron una fanesca, un burlesque este proceso que siempre presentó dificultades.

Medidas cautelares ante la CIDH y denuncia ante la Relatoría Especial de Jueces y Fiscales

La defensa de Correa se movió también ante organismos internacionales. Ante el llamado a la audiencia que se realizó en tiempos de cuarentena, solicitaron a la CIDH medidas cautelares para que se garantice el derecho a la salud, al bienestar y a la integridad. También presentaron una denuncia ante la Relatoría Especial de Independencia de Jueces y Fiscales.

“No nos respondieron rápido desde la CIDH porque Diego García Sayán el Relator de Independencia Judicial no tiene que pronunciarse conmigo sino ante el Estado”.

Pedirán una pericia para investigar la supuesta relación entre secretaria de Fiscalía y Juez ponente

Sobre la denuncia de una funcionaria de la Corte Nacional de Justicia sobre un supuesto intercambio de información entre el Juez ponente que llevaba el caso y la Fiscalía General del Estado, Jarrín indicó que solicitará una pericia al respecto porque se ha podido evidenciar que el nombre de quien está involucrada sí consta en la nómina de la función judicial, informó Pichincha Universal.

Pese a ello, destacó que en este proceso nada está dicho pues esta lleno de nulidades y dificultades: “Dadas las circunstancias políticas y la pérdida de control del Gobierno sobre las Instituciones cada día más visible, creo que los jueces en las siguientes instancias van a poder resolver de manera más libre”.

Informa Ecuador / Pichincha Universal

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