El argumento de los motivos de esta ley, se basa en una problemática inexistente y no entendida con las necesidades del país, en la cual se indica “La aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea Nacional deja a discrecionalidad un aumento de hasta el 15% por parte del poder ejecutivo”.

Esta argumentación definitivamente muestra que este gobierno y quienes están al frente de las finanzas públicas, no entienden absolutamente nada de cómo funciona el estado, peor aún las finanzas públicas, piensan que las finanzas públicas funcionan igual que las finanzas empresariales, convirtiéndose este no entendimiento en el motivo de la debacle económica del estado y del país. No revisan, ni entienden que, por ejemplo, para enfrentar el terremoto del 2016, se tuvo que incrementar el PGE en un 14,5%, así como se debió incrementar ingresos vía recaudaciones por cobro a los más ricos, para enfrentar la tragedia del terremoto. Cosa muy distinta a la que se está haciendo hoy con las leyes recientemente aprobadas, cuya finalidad no es enfrentar la crisis sanitaria, ni económica, peor aún la crisis social a la que nos han llevado, sino esta siendo usada como un pretexto para cumplir con las metas cualitativas exigidas por el FMI, abusando del confinamiento y la restricción impuesta a la salida de personas, para introducir estas leyes sin una respuesta social amplia. Realmente, además de ser ineptos, son miserables, y seguramente se creen grandes estrategas políticos, y lo único que son, unos miserables indolentes del dolor de los ecuatorianos.

Estos individuos, algunos economistas con pensamientos de hace más de 100 años, pero serviles con el poder económico y financiero, han venido aplicando en estos 3 años, recetarios neoliberales, fondomonetaristas, y terminan por ende siendo más contadores que economistas, ya que no tienen la capacidad de entender, que el estado y las finanzas públicas tienen una lógica de cubrimiento de necesidades y garantía de derechos de la población. Por tanto, el tamaño del estado y el monto del gasto e inversión pública, no está en función del déficit fiscal, sino de las necesidades de un país y el cumplimiento de derechos de la ciudadanía.

Un país con muchas necesidades como las que se dejó hasta el año 2006, necesita de un estado más grande, puesto que, para poder ampliar la cobertura de los servicios públicos, las instituciones deben ser mayores. Si no existían escuelas y colegios, no sólo el Ministerio de Educación debe ser más grande, sino la inversión en infraestructura requería ser mayor, de igual manera, el gasto público debía ser mayor para el funcionamiento de esa institución más grande, para así ampliar la cobertura que la educación requería, mayor compras en bienes y servicios porque se requiere un funcionamiento institucional adecuado, así como mayor sueldos y salarios, porque se debe contratar más profesores en todos los niveles: primaria, secundaria y superior. Igual para el sector salud, bienestar social, o transporte. Pero definitivamente no se le puede pedir peras al olmo, pero aún un manejo gubernamental adecuado a quienes carecen de todo entendimiento y conocimiento técnico al respecto. Así hemos podido ver que no sólo presidente, vicepresidente, sino ministros, responsables de las entidades autónomas de control, y hasta asambleístas, puede ser cualquiera. Definitivamente, lo sucedido en el país, en estos 3 años, nos debe llevar a futuro a cambiar las lógicas de representatividad, y de quienes deben ser responsables de lo público en el Ecuador, jubilando de por vida, a aquellos individuos que pasan de gobierno en gobierno haciendo de las suyas. 

http://informaec.com/wp-content/uploads/2020/05/LEY-ORDENAMIENTO-FINANZAS-PÚBLICAS-2.pdf

El documento de ley aprobado tiene 46 artículos y estos son algunos de los cambios realizados a la normativa actual (le he dado una definición a cada articulado para comprender el fin del cambio realizado. Pero es una ridiculez lo que se propone en varios articulados, más parecería que quisieron llenar de artículos para ocultar a la vista lo que está detrás de esta ley: la privatización, el límite al gasto e inversión pública, un fondo parecido al FEIREP, y así garantizar el pago de deuda, porque este rubro no tiene límite; y superpoderes al ministro Martínez, parecería que se quiere parecer a su mentor (por la reducción cognitiva me refiero, de ambos), el banquero Lasso quien creo su cargo de Superministro de Economía del nefasto Mahuad.

Artículo 2.- Clasificación del sector público. En este articulado se denota como algo nuevo la separación del sector público en financiero y no financiero, cuando esa existencia de las cuentas públicas, las determinó el COPLAFIP, y la organización del sector público en el Ecuador. Pero los cambios al texto, lo que busca es dar paso en este articulado, a la privatización de las empresas públicas, que en el eufemismo del gobierno neoliberal, es la privatización de las empresas públicas, al incluir que en las empresas públicas “Se encuentran también comprendida las sociedades de derecho privado cuya propiedad total o parcial mayoritaria pertenece a entidades del Sector Público No Financiero de conformidad con la Ley y a las condiciones y parámetros que se definan en el reglamento”.

Artículo 3.- La Secretaria Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Este articulado busca concatenar la desaparición realizada a SENPLADES, para dar paso a la planificación llevada a cabo desde los años 80 hasta el 2006, una planificación caracterizada por un grupo reducido de supuestos expertos, quienes condicionan el destino de recursos, y aprobación de programas y proyectos, acorde a intereses políticos. Recordando que, con cambios violatorios a la norma superior, y por decreto, más no por cambios en la normativa, irrespetando la prelación de normas, ahora esta entidad es adscrita a la presidencia. Y hablaban de un fuerte presidencialismo

Artículo 4.- Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. Este articulado además de lo concebido en el anterior, busca incorporar “los programas, proyectos y acciones, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del PGE y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de nivel nacional y la Seguridad Social”. Este mecanismo busca darle el control total al Ministro de Finanzas, vulnerando la actual autonomía de las empresas públicas y la Seguridad Social. Si lo que se quiere es que las empresas públicas tengan una mejor gestión, la respuesta no está en privatizarlas, sino lo que se debe hacer, es que frente a las empresas públicas no se pongan cuotas políticas o familiares sin ningún conocimiento alguno, y sin responsabilidad alguna (la quiebran y luego van a otra empresa o entidad públicas), y más bien deben estar al frente los mejores técnicos y profesionales que por concurso lleguen a manejar esa entidad y dispongan de responsabilidades frente a las pérdidas realizadas, que incluso deben manifestarse en la devolución de esas pérdidas. Esos profesionales deberán tener incentivos económicos y salarios acorde a la gestión administrativa y financiera realizada. Es urgente cambiar la gestión en las empresas públicas, pero no entregarlas al sector privado.

Artículo 5.- Presupuesto General del Estado. Con este articulado se busca poner un límite al gasto y la inversión pública, y su atadura a las definiciones del Ministro de Economía y Finanzas, la consecución de super poderes. Con ello, darle trámite a la brevedad posible, en el año que le resta a este gobierno, para llevar a cabo todas las metas cualitativas, especialmente las privatizadoras. El ministro de economía y finanzas tendrá las decisiones en el ámbito económico, y ya no el presidente. Si el presidente es inepto y no sabe tomar decisiones, pues que renuncie y llame a elecciones, pero entregar los destinos del país a un ministro ligado a los grandes intereses de la banca y las corporaciones, es una gravedad a los intereses públicos y de la ciudadanía. Esto es un alto costo económico y social para el país, que, al próximo gobierno, le va costar recuperar todos los destrozos que se están generando y se generarán hasta 24 mayo 2021.

Artículo 6.- Priorización de programas y proyectos de inversión. El objetivo además de las mencionadas en el artículo anterior, super poderes al ministro de economía y finanzas, es poner límites a la inversión pública en todas las instituciones que conforman tanto el Sector Público Financiero cuanto el Sector Público No Financiero, así como los diferentes niveles de gobierno. Esto implicará condicionantes a las autoridades locales para el destino de los recursos. ¿Dónde quedan las leyes de distribución de recursos a los gobiernos subnacionales?

Artículo 7.- Programas de preservación de capital del PGE. Este articulado busca poner límite a la inversión pública y dejar en manos del ministro la potestad de aprobar tal o cual programa o proyecto de inversión.

Artículo 8.- Aprobación, registro y control de programas y proyectos de cooperación internacional. Condicionar a las diferentes instituciones del estado y de los diferentes niveles de gobierno el uso y destino de estos recursos no reembolsables.

Artículo 9.- Lineamientos de política económica y fiscal. Mas poder al ministro de economía y finanzas respecto a la política económica y el PGE. ¿Dónde queda el liderazgo y lineamientos que el presidente debe encargarse de hacer? Además, aquí se asienta la reducción del incremento del PGE del 15% al 5%. Es decir, si existen condicionantes, y la asignación de recursos es por cuestiones políticas, autoridad que no sea afín al gobierno, no le aprobarán programas y proyectos, ejecutará menos, y, por tanto, siguiente año tendrá menos recursos, y no cubrirá las necesidades de las poblaciones en una región o territorio. ¿Este es un mecanismo de reducción del déficit fiscal limitando gasto e inversión, así como vía de condicionantes de aprobación de programas y proyectos?  Linda forma de reducir el déficit fiscal. Cuando estos ignorantes al frente del gobierno y quienes aprobaron esta ley en la Asamblea, no comprenden que el déficit fiscal se reduce vía ingresos y no vía reducción de gasto e inversión. !!Cobren más impuestos a los más ricos, inútiles, ineptos¡¡

Artículo 12.- Política de prevención, mitigación, y gestión de riesgos fiscales. Busca vía reducción del gasto e inversión pública, cubrir la mala gestión de quien esté al frente de las finanzas públicas. Si esta autoridad no sabe programar o le falla la programación, o destina recursos a otros fines (como el pago de deuda de marzo 2020 por sobre la salud y la educación), pues la reducción presupuestaria en las instituciones es automática, a pesar que la norma superior diga lo contrario. Con esto, pretenden curarse en sano de las atrocidades y violaciones constitucionales que en materia económica han venido realizando durante estos años. Señores la ley no es retroactiva, y tampoco se van a librar de enfrentar a la justicia muy pronto. Es innecesario lo que pretenden hacer, porque esta ley es inconstitucional.

Artículo 13, 14, 15.- Programación macroeconómica, y fiscal plurianual y anual. Ministro de economía definirá los supuestos macroeconómicos de la programación fiscal con el BCE y se presentará el 15 de abril de cada año. Y se señala “la actualización de la programación fiscal plurianual y anual deberá ser elaborada antes de la presentación de la proforma del PGE y se remitirá con un adjunto a la misma”. ¿Y cómo se hace ahora? ¿La actualización plurianual y anual se la realiza después de la presentación del PGE a la Asamblea? Definitivamente este estudiante de economía, no sabe ni como esta constituido el ciclo presupuestario. Hey, estudiante de segunda, el ciclo presupuestario es el siguiente: Programación Presupuestaria – Formulación Presupuestaria – Aprobación presupuestaria – Ejecución Presupuestaria – Liquidación presupuestaria – Evaluación presupuestaria. ¿O pretende cambiar la teoría, usted que como todo neoliberal es práctico?  Y posteriormente se señala “En el año que se posesiona el Presidente o Presidenta de la República hasta que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, y simultáneamente la programación fiscal plurianual y anula de inicio de gestión, regirá la programación fiscal plurianual y anual aprobada y actualizada en el año anterior”. Hey, estudiante de segunda, eso se llama presupuesto prorrogado y rige en la actualidad. ¿O cuál es la pretensión tras este articulado?

Artículo 16.- Fases de la programación fiscal plurianual y anual. Pretende en ley poner lo que se recomienda y se viene haciendo, ¿o no hay determinación del escenario fiscal base o no hay seguimiento, evaluación y actualización de la programación fiscal, mismas que tienen que ver con el ciclo presupuestario? ¿o las diferentes instituciones del estado envían su programación presupuestaria sin ninguna base?

Artículo 17.- Documento de programación fiscal plurianual y anual. “se publicará anualmente dentro de los cinco días posteriores a la aprobación y/o actualización de la programación fiscal plurianual y anual. Contendrá al menos lo siguiente: escenario macroeconómico base, proyecciones fiscales para al menos cuatro años; límites, objetivos y metas fiscales que serán obligatorios para el período fiscal siguiente e indicativos para los siguientes tres años; estrategias fiscales para la gestión de la mitigación de riesgos fiscales; evaluación de las principales variaciones de los supuestos macroeconómicos y fiscales respecto de las proyecciones del año previo; análisis de seguimiento y monitoreo de riesgos fiscales; y análisis de sostenibilidad fiscal”. ¿Entonces cómo se estructuraba la formulación presupuestaria a ser aprobada por la Asamblea?  ¿Cómo se llevaba a cabo la evaluación presupuestaria sino respecto a las proyecciones del año previo? ¿o no se hacía lo que determina la teoría y los requerimientos? ¿O definitivamente no saben ni donde están parados y tampoco saben el proceso del ciclo presupuestario?

Artículo 18.- Previsibilidad del ingreso y operaciones de cobertura del ingreso petrolero y minero. Proponen instrumentar mecanismos de seguros debido a que el comportamiento del precio del crudo no es predecible y, el país cuente con un seguro para estas eventualidades en el sector petrolero y así asegurar que se reciba un precio establecido, aún cuando el crudo se desplome. ¿Entonces salgan del mercado de futuros, un mercado especulativo al que nos metieron, sacando de la OPEP? Quieren asegurar precios, hagan venta anticipada de petróleo con un precio que tenga un piso y un techo, y sin castigo, ustedes grandes representantes del sector privado, deben ser grandes negociadores supongo. ¿Y por qué mejor en vez de exportar petróleo crudo no lo producimos aquí?, y así matan dos pájaros de un solo tiro: aseguramos un mayor precio y no tenemos que estar importando derivados, y así no hay subsidios y no tienen que eliminarlos, y afectar a los más pobres. Utilicen un poco el cerebro. Ah perdón, siempre están pensando en beneficiar a alguien, ahora con seguros.

Artículo 19.- Gasto tributario. Se señala que las administraciones tributarias, el SRI, estimen y entreguen al ministerio de economía y finanzas una proyección de la cuantificación del gasto tributario. ¿Y que venía haciendo el SRI entonces? ¿Cómo se presentaba la proforma presupuestaria (formulación) a la Asamblea? ¿O se pretende que siempre se haga remisiones tributarias? Esto se debe terminar. Los subsidios a las ganancias de las grandes corporaciones deben parar, para así poder sostener los subsidios a los más pobres, hasta un momento que, con gasto e inversión pública en un entorno de sistema tributario progresivo, se les pueda sacar definitivamente de la pobreza.

Artículo 20.- Contenido y finalidad del ciclo presupuestario. “Fase del ciclo presupuestario en la que, con base a los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad, y los plazos para su ejecución”. ¿Y cómo se hacía antes? Esto sólo muestra que no tienen menor idea del vínculo que existía entre SENPLADES y el MEF, y ahora que han desaparecido SENPLADES quieren corregir el error. SENPLADES utilizaba el SIPeIP (Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública), y el MEF utiliza el eSIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera), ambos debían estar vinculados para llevarse a cabo los programas y proyectos. A esto se llamaba Presupuesto con base a Programas. ¿No lo sabían? ¿Qué saben es la pregunta?

Artículo 22.- Formulación de proformas presupuestarias. Busca que todas las instituciones y niveles de gobierno, limiten su gasto e inversión en el PAI (Plan Anual de Inversiones) ¿Y los Planes Operativos Anuales (POA)?

Artículo 23.- Asignación para contingencias fiscales. Existirá una asignación en el gasto para riesgos fiscales que no supere el 3% (cerca de 1.000 millones de dólares actualmente). ¿Es para garantizar los seguros del precio del petróleo? Es decir, desde ya el estado podrá gastar en seguros a particulares. ¿Quiénes serán ahora los beneficiarios, talvez Aseguradora del Sur?

Artículo 24.- Presupuestos prorrogados. Se aplicará a los diferentes niveles de gobierno y a las empresas públicas acorde a la fecha de posesión de los diferentes niveles de gobierno. ¿Y cómo se hacía hasta hoy? Indudablemente incorporan texto para hacer la ley grande, y ocultar a la vista las trafasías que contiene esta ley.

Artículo 25.- Obligaciones en la contabilidad nacional. Luego de cinco años se darán de baja las obligaciones pendientes cuando no existan soportes de justificación de esas obligaciones o cuando no exista reclamación o litigio pendiente.

Artículo 26 y 27.- Modificación PGE. Los superpoderes para Martínez harán que sólo él pueda modificar el PGE a la baja o un máximo del 5% de incremento, excepto los ingresos de la Seguridad Social. Y si se requiere que se modifique ingresos y gastos más allá del 5%, debe solicitar ese cambio a la Asamblea. ¿Por qué el trámite burocrático, no es mejor dejar tal cual es? Ah cierto es que como el correísmo definió el COPLAFIP, hay que cambiar las palabras y las propuestas, si antes decía pan ahora hay que poner pancito, si antes el techo era de 15% hay que bajarlo al 5%, ridículos, hacen todo sin forma técnica, igual a la ley de fomento productivo 2 (ley trole 2) donde quitaron el financiamiento del gobierno desde el BCE y el IESS, y después cuando se requirió financiamiento estaban solicitando a la Asamblea que estas entidades puedan prestarle. Pero tras todo estos cambios innecesarios, lo que se busca es la privatización de la empresas públicas, la reducción del gasto e inversión pública, y asegurar un fondo para el pago efectivo y anticipado de la deuda, al puro estilo Gutierrista.-Pozista (presidente-ministro).

Artículo 30.- Endeudamiento público. “El endeudamiento público constituye obligaciones adquiridas por las entidades del sector público, en virtud de las cuales la entidad deudora que obtiene para su uso recursos financieros con el cargo de restituir al acreedor el capital y/o intereses en una fecha o fechas futras”. Con este articulado buscan garantizar el pago de la deuda obligatoriamente, en caso que algún gobierno progresista, no pague por ser deuda mal habida o deuda ociosa. ¿Por qué quieren proteger a los tenedores de deuda? ¿Por qué mejor no transparentan la información y dan los nombres del tenedor original, en vez de sacar comunicados mentirosos, que la información está en Bloomberg?

Artículo 32. Elimina el artículo 124 del COPLAFIP. Art. 124.- Límite al endeudamiento público. – El monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del PIB. Cómo han sobrepasado de largo el endeudamiento, ahora lo eliminan, pero no podrán eliminar que el agresivo endeudamiento de este gobierno no se ha destinado a inversión, tal como explicita el COPLAFIP en “Art. 126.- Destino del endeudamiento. – Las entidades del sector público que requieran operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar:

1. Programas.

2. Proyectos de inversión:

2.1 para infraestructura; y,

2.2 que tengan capacidad financiera de pago.

3. Refinanciamiento de deuda pública externa en condiciones más beneficiosas para el país.

Se prohíbe el endeudamiento para gasto permanente. Con excepción de los que prevé la Constitución de la República, para salud, educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada por la Presidenta o el Presidente de la República”.

¡¡Ni esta eliminación del articulado les va a salvar a futuro!!

Artículo 33. Elimina el artículo 125 del COPLAFIP. “Art. 125.- Límites al endeudamiento para gobiernos autónomos descentralizados. – Para la aprobación y ejecución de sus presupuestos, cada gobierno autónomo descentralizado deberá observar los siguientes límites de endeudamiento:

1. La relación porcentual calculada en cada año entre el saldo total de su deuda pública y sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, no deberá ser superior al doscientos por ciento (200%); y,

2. El monto total del servicio anual de la deuda, que incluirá la respectiva amortización e intereses, no deberá superar el veinte y cinco por ciento (25%) de los ingresos totales anuales sin incluir endeudamiento.

Se prohíbe a las instituciones públicas y privadas conceder créditos a los gobiernos autónomos descentralizados que sobrepasen estos límites, debiendo estos últimos someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que será aprobado por el ente rector de las finanzas públicas”.

¿Por qué se elimina este articulado, para beneficiar a algún gobierno local, o cuál es el propósito, mayor endeudamiento en todos los niveles de gobierno?

Artículo 34. Emisión de bonos. “Toda emisión de bonos, en moneda de curso legal o extranjera, se negociará de forma universal, a través de las bolsas de valores y/o plataforma de negociación. El sistema de transacción debe constituir un sistema integrado en el que participen todas las bolsas de valores y se cuente con un acceso fácil y abierto para cualquier persona natural o jurídica que requiere hacer transacciones bursátiles. Las negociaciones que se realicen de forma directa entre entidades del sector público deberán proveer información completa de cada transacción a las entidades de supervisión y control del mercado de valores de acuerdo con la normativa correspondiente”. Ahora el financiamiento interno será de privados (banca, personas naturales o jurídicas), ya no del BCE o del IESS, pero será la Super de Compañías, quien apruebe el endeudamiento.

Artículo 35.- Obligaciones de los servidores de las entidades. “Los servidores de las entidades del sector público no financiero que no cumplan con el envió de información, se sujetarán a lo previsto en este código”. Que bueno que van a transparentar la información. ¿Entonces presidente, ministro, no esperemos, ya den la lista de los tenedores originales de deuda, no la lista de los intermediarios que es la banca?

Artículo 36. Atrasos en las obligaciones pendientes de pago. Se define el plazo de vencimiento de una obligación en 90 días. ¿Hay que garantizar el pago de deuda, o hay que garantizar el pago a los proveedores? Si es a los proveedores nacionales, bienvenido sea, porque en caso exista deuda mal contraída antes de pagarse se la debe auditar.

Artículo 37.- Plan Financiero del tesoro Nacional. Ahora las cuentas del BCE serán parte de la proforma presupuestaria, y la programación de caja serán la guía para las modificaciones en la ejecución presupuestaria. Si no hay dinero en la caja fiscal podría reducirse el gasto y la inversión pública mucho más, a pesar que se señala en el articulado “El plan financiero del tesoro nacional, no afectará las asignaciones establecida en la constitución de la República del Ecuador”. ¿Acaso una reducción del gasto y la inversión no afecta lo que la constitución dice, especialmente respecto a la educación y salud, e incluso a las transferencias que por ley corresponden a los GAD´s?

Artículo 38.- Notas del tesoro. Se cambia los certificados de tesorería por notas del tesoro y estas no podrán superar el 8% de los gastos totales del PGE, y no serán consideradas como parte del endeudamiento público, porque son obligaciones hasta 360 días, pero las notas de crédito la podrán adquirir solamente privados en bolsa de valores. ¿Ahora se dieron cuenta la importancia de financiamiento interno? ¿Ahora se determinará que la deuda de corto plazo (CETES) emitidas en el gobierno de Rafael Correa, no es parte de la deuda, tal como el grupo externo auditor de la deuda de Correa, así lo dispuso? ¿Se caen más mentiras?

Artículo 39.- Sistemas de información. Se debe transparentar la información de endeudamiento público para cumplir con el artículo 289 de la constitución. Entonces, ¿puedan ya dar la lista de los tenedores de deuda originales, no los intermediarios?

Artículo 40.- Agrega el título IV: De las Reglas Fiscales. Capítulo I: Del ámbito de aplicación. Con esto se exige el cumplimiento del límite al gasto e inversión pública, así como la reducción del techo de incremento del 15% al 5%.

Capítulo II: De las reglas fiscales: del ingreso permanente y egreso permanente. Modifican la regla macroeconómica definida en el COPLAFIP que ingreso permanente financiará únicamente egreso permanente, al señalar “No obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes” Esto muestra que siempre hubo superávit permanente y no había necesidad de reducir personal peor aún gasto. Pero esta modificación lo que busca es garantizar el pago de intereses de deuda.

Sección II: De la regla de deuda y otras obligaciones. “El saldo consolidado de la deuda pública y otras obligaciones no podrá superar el equivalente del 40% del PIB. La política fiscal deberá ser formulada y ejecutada con el objetivo de reducir y estabilizar el saldo consolidado de la deuda pública del sector público no financiero y Seguridad Social y otras obligaciones al nivel del 40% del PIB. Para propósitos de la aplicación de esta regla, se entiende por deuda pública y otras obligaciones de pago las siguientes: 1. El endeudamiento público, 2. Los títulos valores con vencimientos menores a 360 días, 3. Los anticipos pactados en los contratos comerciales de venta de productos, 4. Los pasivos derivados de convenios de liquidez, 5. Los derechos contractuales originados o vinculados a operaciones ordinarias, y 6. Las obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal”.

Esto termina dando la razón al gobierno de Rafael Correa respecto a la deuda consolidada que no sobrepasó el 28%. Además, lo que busca esta regla de deuda es garantizar el pago de deuda y a los acreedores, para ello se podrá incluso incorporar nuevos impuestos o mas recaudaciones para direccionarlos al pago de deuda, cuando ahora se los direcciona a garantizar el gasto corriente y la inversión.

Además, se incrementa el techo de deuda pública y obligaciones hasta el 200% de los ingresos del PGE (hoy sería 64.000 millones de dólares) ¿No había sobrepasado el gobierno de Rafael Correa más de 70.000 millones la deuda? Otra mentira que se les cae. Y el pago de intereses y amortizaciones no podrá superar el 25 de los ingresos del PGE (Ahora 8.000 millones de dólares). En cuanto a los GAD´s, el endeudamiento podrá bordear el 300% sobre los ingresos de sus presupuestos. El endeudamiento de Empresas Públicas, Universidades y Seguridad Social, estará autorizado por el Ministerio de Finanzas.

Sección III. De las reglas de crecimiento de egresos, gasto, resultado primario total y resultado primario no petrolero. Estará atada al cumplimiento de la regla de deuda, y se excluirá del gasto primario las preasignaciones tal como el artículo 298 de la constitución así lo expresa. Pero el superministro podrá cambiar el límite de gasto considerando el gasto y el crecimiento de la economía, multiplicación dicen del gasto y el crecimiento de la economía, con excepciones cuando exista crecimiento negativo, en el cual el gasto primario no petrolero se incrementar/á anualmente en 1% del PIB.

Sección del Fondo de estabilización. “Los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales que superen lo contemplado en el PGE, aprobado por la Asamblea Nacional, luego de descontar las preasignaciones dispuestas por ley, se destinarán a la generación de un fondo de estabilización fiscal que permita garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las cuentas públicas y/o capacidad de la ejecución de egresos en educación y salud. El fondo será único y sus reservas no podrán preasignarse o destinarse para financiar ningún gasto adicional al presupuesto inicial. La operación del fondo será establecida en el reglamento de este Código”. Similar al Feirep, si el precio del petróleo es mayor a lo presupuestado, esos ingresos petroleros pasarán a este fondo, y no podrá financiar ningún gasto adicional al presupuesto inicial. Si se definió un valor a salud, educación, sueldos y salarios, etc. No podrá utilizarse nada de esto fondo. ¿Entonces a donde irá este fondo si no puede financiar ningún gasto adicional? A la sostenibilidad de las cuentas públicas, que no es más que garantizar el pago de deuda, porque para los neoliberales adelantar pago de deuda es beneficioso para la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Y luego incluyen todo un Capítulo III: de las causales excepcionales de suspensión de las reglas o metas fiscales entre otros en estados de excepción o recesión económica, no superior a dos años fiscales. También todo un Capítulo IV: de la determinación e instrumentación de las reglas, sección I; determinación de objetivos, limites, y metas fiscales totales y sectoriales para las reglas fiscales, basadas en lo anterior dicho, y el resultado primario no financiero. Una Sección III: Instrumentación de objetivos, límites y metas, que no es más que el cumplimiento del límite de gasto e inversión explicitado en articulados anteriores. Y el Capítulo V: Del comité nacional de coordinación fiscal, conformado por 11 miembros del ejecutivo (2, finanzas quien lo presidirá, y planificación), BCE (1), legislativo (1), GAD´s (3), Seguridad Social (IESSS; ISSFA; ISSPOL), Empresas Públicas (1), con voz y voto. Capítulo VI: del cumplimiento, seguimiento y evaluación de las reglas fiscales. Capítulo VIII: de las medidas preventivas y correctivas. Y el Título V: de las responsabilidades y sanciones.

Artículo 44.- Disposiciones Generales, para los títulos valores y emisión de bonos en bolsas de valores basados en optimización de las inversiones y entre riesgo y rendimiento, diferenciando a la seguridad social de esta participación, prefieren que el IESS siga teniendo el dinero sin ganar nada, que ganar por la compra de bonos, quieren la ganancia de los bonos solo para la banca y el sector privado.

Artículo 45.- Disposiciones transitorias. Vigésima. Reporte de saldo de atrasos, en la cual en el plazo de 180 días emitirá metodología para la estimación de saldos de atraso.

Vigésima primera. En 180 días, expedirá la normativa y metodologías de los techos presupuestarios y de gasto.

Vigésima segunda. En 90 días presentará una estrategia para reducir anualmente y de forma progresiva hasta su eliminación los CETES, lo cual garantizará la emisión de notas del tesoro, el cambio de CETES a Notas del tesoro, de esta manera garantizará deuda interna a mayor plazo y pagadera al 100% del valor, pero con tasas de mercado, sin participación del IESS o acuerdo entre entidades públicas: GC-BCE, GC-IESS.

Vigésima tercera. A partir de la emisión de esta ley se colocarán bonos del tesoro en los siguientes 24 meses.

Vigésima cuarta.  En un plazo no mayor a 5 años deberá estandarizar la emisión de títulos valores.

Vigésima sexta. En un plazo de 90 días emitirá normativa sobre las reglas de deuda y otras obligaciones.

Vigésima octava. En un plazo de 12 meses el gobierno actualizara la normativa secundaria en lo referente a los fondos de pensiones y de salud, la privatización de las pensiones y la salud, para terminar su gobierno cumpliendo todas las metas fondomonetaristas.

Disposición transitoria única. Se pide a los GAD´s municipales y metropolitanos, una reducción del 50% del monto de las patentes (impuesto a las actividades económicas), 50% de reducción al 1,5 x 1000 sobre los activos totales, Más beneficios para las grandes corporaciones y el gran capital, esto debería aplicarse solamente a las MIPYMES.

“La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos” (Louis Dumur).

Informa Ecuador/ Marcelo Varela/ @MarceloVarelaE

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