Lo que empezó como el caso Las Torres ha desembocado en nuevas investigaciones. Los rastros apuntan al contralor Pablo Celi, hoy en la cárcel. Las dudas sobre la gestión de Pablo Celi en la Contraloría General del Estado crecen. Ya no solo son los supuestos sobornos para desvanecer glosas, sino también las movidas para ejecutar o demorar destituciones. Las versiones que respaldan estos supuestos actos forman parte del expediente del llamado caso Las Torres.

Entre los investigados están Pablo Celi, contralor General del Estado, así como su hermano, Esteban Celi.

Los dos son señalados por la Fiscalía porque, supuestamente, con autorización de Pablo Celi, su hermano Esteban solicitó a la empresa Nolimit USD 13 millones para desvanecer cinco glosas vinculadas a contratos con la petrolera estatal Petroecuador.

Según las declaraciones libres y voluntarias de los funcionarios que firmaron esos desvanecimientos de glosas, las órdenes para hacerlo provenían del propio Pablo Celi.

Ahora, nuevas versiones, apuntan al Pablo Celi como líder de una especie de red que exigía sobornos a cambio de informes y decisiones favorables de parte de la Contraloría.

Cuarto de millón por la Prefectura A fin de recoger más información sobre las supuestas irregularidades en la Contraloría, el 3 de mayo de 2021, la fiscal Diana Salazar citó a Cumandá Guevara, viceprefecta de Pastaza.

La funcionaria declaró de manera libre y voluntaria y relató otro supuesto delito cometido en el organismo de control, durante la administración de Pablo Celi.

Todo empezó en mayo de 2019. Jaime Guevara había sido reelecto como prefecto de Pastaza y Cumandá Guevara, en su rol de fiscalización como consejera provincial y viceprefecta, empezó a cuestionar su administración.

El 13 de noviembre de 2013, por supuesto nepotismo, y el 20 de noviembre de 2013, por una supuesta contratación irregular, Jaime Guevara había sido destituido dos veces de la Prefectura de Pastaza.

Según la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), cuando un funcionario es destituido no puede reintegrarse a la misma institución o al mismo puesto. Y Cumandá Guevara dice que buscó la intervención de la Contraloría para que se ejecutara ese mandato legal.

Según su relato, se habría reunido con el contralor Pablo Celi y este le dijo que el prefecto Guevara estaba ejerciendo su puesto ilegítimamente y que, en cualquier momento, su destitución se iba a concretar. Sin embargo, la destitución nunca llegó.

Meses después, en septiembre de 2019, Cumandá Guevara se reunió con un representante de la Contraloría en Pastaza y decidió grabar la conversación. En el audio, que ahora está en poder de la Fiscalía, se escucha al emisario de la Contraloría explicando que Jaime Guevara habría asegurado su permanencia en la Prefectura negociando con “mandos medios de la Contraloría”.

Y agrega que si Cumandá Guevara quería revertir esa situación debía negociar con los directores de la Contraloría. Y que para eso se requería de, al menos, unos USD 250.000.

Nuevos delitos

Ante esta nueva información, la Fiscalía dispuso la apertura de nuevas investigaciones previas. Por separado del caso Las Torres.

La fiscal Diana Salazar, a través de un impulso, dispuso la apertura de dos nuevas investigaciones.

Con relación a la versión de Cumandá Guevara, la fiscal dice que se presume que fue cometido otro delito.

Entre los supuestos involucrados en este caso estarían:

Pablo Celi, contralor General del Estado subrogante.

Saida Hagin, viceprefecta de Tungurahua.

Jaime Guevara Blaschke, prefecto de Pastaza.

Cristian Aguilera, funcionario de Contraloría General del Estado.

Marcelo Gutiérrez.

Otros.

También en Chimborazo

En el mismo impulso fiscal se habla de la versión de Gonzalo Alulima, exgerente de un proyecto hídrico de Chimborazo, quien habría relatado hechos relacionados con la gestión de Celi que suponen otro delito.

En este caso, los investigados serán:

Pablo Celi, contralor General del Estado subrogante.

Napoleón Cadena Oleas, alcalde del cantón Riobamba.

Pablo Feijoó.

Otros.

Con información de PRIMICIAS

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