La sentencia 37-19-IN/21 de la Corte Constitucional que se refiere a la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo de la Judicatura 10-19, que dispuso la evaluación integral de los Jueces y Conjueces y su posterior remoción, pone contra las cuerdas al organismo encargado de administrar y vigilar el estricto cumplimiento de la justicia.

El fallo otorga a los jueces removidos el derecho de demandar al Estado por la ilegal destitución y obtener la condigna reparación económica que seguramente llegará en su debido momento.

De acuerdo a lo determinado en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 178 inciso sexto, el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. 

A su vez el Art. 254 inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial determina que el Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares de la Función Judicial, sin que esto signifique atentar contra el principio de independencia interna y externa de dicha Función del Estado. 

Justamente los hechos observados con severidad por la Corte Constitucional constituyen un atentado contra el principio de independencia interna y externa del Consejo de la Judicatura, por tanto existen razones más que suficientes para que los bloques de la Asamblea Nacional reúnan las firmas de al menos una cuarta parte de sus miembros y luego de ello presenten la solicitud con la prueba documental a la Presidenta de la Función Legislativa.

El Art. 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el Enjuiciamiento Político dice lo siguiente:

La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, por el incumplimiento de las funciones que le asigna la Constitución de la República y la ley, de los funcionarios detallados en el artículo 131 de la Constitución de la República, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. 

Entre tanto el Art. 85 sobre la Censura y destitución:

Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado y las y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá la dos terceras partes. 

La censura producirá la inmediata destitución de la autoridad. Si del proceso de enjuiciamiento se derivan indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la autoridad competente. 

Los bloques de la Asamblea Nacional tienen la obligación de llevar a cabo el proceso de censura y destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura.

Fallo de la Corte Constitucional reconoce persecución política de Moreno

Informa Ecuador

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *