Un caso especial tiene que ver con Rafael Correa: un presidente condenado al exilio por culpa del lawfare que ha tenido en su sucesor a uno de sus principales verdugos. Su mayor delito parece haber sido señalar la falta de democracia mediática y el monopolio existente en los medios de comunicación. 

Arantxa Tirado Sánchez (Barcelona, 1978) es una de las politólogas heterodoxas más relevantes de España. Colaboradora del programa de radio Julia en la Onda, es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hizo su segundo doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en política latinoamericana. Hablamos con ella de su último libro, editado por Akal, El Lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley en el que caracteriza y explica el fenómeno del lawfare como un nuevo golpismo blando promovido por los EE.UU. contra los gobiernos de izquierdas en América Latina. En esta entrevista le proponemos cruzar el Atlántico y preguntarnos si las dinámicas golpistas propias del lawfare se pueden estar dando también en España.  

Lawfare no es un término novedoso, pero sí lo es la centralidad que está adquiriendo para describir una forma de hacer política por medios no democráticos. ¿Cómo lo definirías en unas pocas frases? 

Desde mi perspectiva, el lawfare, o la guerra jurídica, es el uso de una combinación de mecanismos legales, mediáticos y económicos para neutralizar, o incluso aniquilar, a un enemigo político. Es un término que surge en el ámbito militar y, por tanto, se puede considerar una táctica bélica que, por vía de la judicialización de la política, la aplicación de una legislación extraterritorial unilateral, o la injerencia en los sistemas legales y judiciales a través de mecanismos de cooperación asimétrica, logra justificar los objetivos de reconfiguración geopolítica de Estados Unidos en América Latina bajo discursos de lucha contra la corrupción y de defensa del Estado de derecho.  

En tu libro la genealogía del lawfare nos lleva a EE.UU. y a su política exterior, en especial su política exterior hacia América Latina ¿Se trata de una forma menos cruenta que los golpes clásicos para tratar de tutelar a la región?

Se podría afirmar que el lawfare es una manera más sutil de injerencia política que deja menos rastro por su diseño más quirúrgico pero que cumple el mismo objetivo de cambio de régimen. Durante la Guerra Fría, EE.UU. percibía la insurgencia de los pueblos del continente, o la llegada de la izquierda al gobierno, como un mal a extirpar de cuajo, con métodos brutales. La contrainsurgencia militar arrasaba poblaciones enteras en una política de tierra quemada como en Guatemala o desaparecía a decenas de miles de militantes políticos, como en Argentina o Chile, para evitar lo que percibían como una extensión del comunismo. Hoy la realidad geopolítica ha cambiado, pero EE.UU. sigue viendo todavía a la izquierda latinoamericana como un enemigo a neutralizar. La influencia de la opinión pública mundial tiene más peso en la agenda política y Estados Unidos debe mantener al menos las apariencias democráticas y tratar de presentar las acciones imperialistas bajo un discurso justificativo sobre sus buenas intenciones. Esto no es nuevo pero, tras la guerra de Irak, EE.UU. trata de minimizar el impacto de los “daños colaterales”, incluso en las periferias. Por ejemplo, con intervenciones bélicas más focalizadas, con uso de drones para asesinatos selectivos, bajo la idea de la “guerra limpia”, y también con golpes de Estado parapetados en supuestas irregularidades electorales, como fue el caso de Bolivia en 2019. El lawfare entra dentro de esa lógica de usar otros instrumentos armamentísticos para hacer la guerra: la ley, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, etc. Y no es sólo un tema de tutelar a la región sino de disciplinar a esas fuerzas de la izquierda que llegaron al gobierno tras los años de hegemonía neoliberal pretendiendo desviarse de la influencia estadounidense, aunque fuera mínimamente, con políticas soberanas sobre los recursos naturales de sus respectivos países. Una izquierda que dificultó la penetración de los intereses de las empresas estadounidenses en un territorio que EE.UU. concibe como su área natural de expansión y que, bajo el impulso venezolano, puso en marcha mecanismos de concertación e integración política alternativos al diseño geopolítico estadounidense. Neutralizar estas iniciativas es también el verdadero tema de fondo en el marco de la disputa geopolítica más amplia entre Estados Unidos y China por el control de recursos y mercados en América Latina, y a escala mundial, además de la lucha por conservar la hegemonía política de Estados Unidos a escala regional y planetaria.

El lawfare combina estrategias jurídicas ilegítimas con estrategias mediáticas para destruir, a ojos de la opinión pública, al rival político ¿Podrías ponerme algunos ejemplos? 

El más conocido es el de Lula da Silva, ejemplo paradigmático del lawfare. El caso de Brasil destaca por la injerencia jurídica y política del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Operación Lava Jato, la saña con que actuó el juez Moro, pupilo de los cursos de formación de EE.UU. y posterior ministro de Justicia de Bolsonaro, la voluntad explícita de EE.UU. de participar en el negocio de las reservas petroleras del Pré-Sal debilitando la posición de la estatal Petrobras o de neutralizar la política exterior soberana y multipolar de Brasil. Para lograr estos objetivos, se armaron un gran número de causas contra Lula, acusándolo de corrupción por trato de favor en contratos o de haber recibido un apartamento que no llegó a pisar nunca. Querían evitar que se pudiera presentar a las elecciones de 2018, donde las encuestas le daban una holgada victoria. La maquinaria mediática se activó para posicionar esta imagen corrupta de Lula (y también de Dilma Rousseff, que había pasado por un muy cuestionable proceso de impeachment previo) usando a los principales medios de comunicación. Estos se dedicaron durante meses a bombardear sobre los casos de manera sensacionalista, estableciendo una suerte de juicio paralelo, en una operación que bien se pudiera tildar de manipulación de masas. Una práctica enfocada a condicionar a la opinión pública brasileña, a la que se sumó un poder judicial y un ministerio fiscal que, coordinados, iban filtrando parte de la información a la prensa para obtener mayor impacto, vulnerando la supuesta imparcialidad del poder judicial, la presunción de inocencia o el debido proceso. Además de las irregularidades procesales, en el lawfare contra Lula se aplicaron herramientas jurídicas que han abierto un debate entre los penalistas más críticos. Finalmente Lula ha acabado siendo absuelto en varias de las causas, otras han sido archivadas, mientras que el juez Moro está siendo investigado por parcialidad. 

La multiplicación de causas escasamente fundadas, la creación ad hoc de pruebas y testimonios premiados, la vulneración de la presunción de inocencia por la acción de los medios, el doble rasero en la aplicación de la ley o el retorcimiento de esta, con sus variantes locales, son elementos presentes también en la persecución a Rafael Correa, en Ecuador, o a Cristina Fernández, en Argentina. Esto permite hablar de una pauta de actuación similar. En el caso de Cristina Fernández destaca, además, la intervención en contra de la presidenta por personajes vinculados a los servicios de inteligencia extranjeros y un encarnizamiento mediático, tildado como “periodismo de guerra” por el mismo Grupo Clarín, seguramente agravado por su condición de mujer, pues para destruir su imagen pública se llegó a cuestionar su salud mental, en una lógica de actuación que hace recordar a aquellos que tildaban a las mujeres de histéricas y desequilibradas. Pero el “desequilibrio” de Cristina Fernández era el mismo que tenía Rafael Correa: tratar de democratizar el espectro mediático de sus respectivos países, algo que estos medios hegemónicos y los grupos de poder vinculados a ellos, no les perdonaron. 

Las técnicas de guerra cultural de la nueva ultraderecha reaccionaria se inscriben claramente en una nueva época donde las viejas normas de la democracia liberal son despreciadas sistemáticamente ¿Qué opciones tiene la izquierda para enfrentarse a una derecha que miente y provoca sin complejos? 

Esta es una pregunta clave pero me temo que su respuesta teórica, siendo compleja, es mucho más fácil que el intento de llevarla a la práctica. La ultraderecha siempre juega con ventaja. La primera es que no tiene límites ni escrúpulos. Además, puede permitirse cuestionar las reglas del juego sin que eso tenga repercusiones negativas pues, en el fondo, bajo un discurso aparentemente rupturista lo que hace es defender el funcionamiento del sistema capitalista. Esto el poder lo sabe, de ahí su connivencia o incluso relación orgánica con estas opciones políticas, como muestra el caso de Vox en España. La experiencia histórica ha demostrado que el poder económico, que es el que realmente manda, ha prescindido de la forma política de la democracia liberal cuando lo ha considerado preciso, a la Alemania nazi o al Chile de Pinochet me remito. 

La izquierda, por el contrario, no se siente cómoda en el juego sucio de la ultraderecha. Su tradición política es otra y está vinculada a la defensa de la verdad, como vía para la emancipación. Además, debe mantener las formas, incluso no se le permite expresar abiertamente sus propuestas de un ordenamiento político, económico y social alternativo, cuando las tiene, so pena de una marginación institucional o linchamiento mediático. 

Además, hay otros aspectos de debilidad de la izquierda que dificultan desarmar la estrategia de la ultraderecha. La izquierda está yendo a contrapelo de esas guerras culturales. La ultraderecha logra marcar la agenda del debate político en redes, desviando la atención hacia discusiones estériles y logrando que la izquierda tenga que perder tiempo defendiendo derechos ya adquiridos que no deberían ser siquiera cuestionados. Eso en el mejor de los casos. En otros, hay una izquierda dividida y peleada entre sí. Pienso, por ejemplo, en cómo se ha abordado en las redes la Ley Trans en España, avalando por parte de cierto feminismo y cierta izquierda los argumentos y la estrategia de la ultraderecha de usar casos anecdóticos como amenazas generalizadas que justifiquen políticas discriminatorias a determinados colectivos. Hace falta mucha claridad ideológica en estos tiempos y eso pasa por la formación política y por la pedagogía, además de por fomentar el pensar en colectivo frente al individualismo actual. Este, producto de años de hegemonía neoliberal, permite que cale la insensibilidad sobre la que se construye ese “otro” que la ultraderecha presenta como el enemigo. 

En definitiva, se necesita una izquierda que no mire tanto a qué hace la ultraderecha, sino que logre marcar los temas de la agenda política, con un discurso propio, que recupere la tradición de los valores colectivos de la izquierda, sin ningún tipo de flirteo con las ideas de la ultraderecha, desmontando sus mentiras y contradicciones con argumentos, eligiendo bien cuándo y dónde confrontarla, para tratar de llevarla a un terreno donde su modus operandi sea menos efectivo. Sin olvidar que lo más efectivo siempre es demostrar con hechos a la clase trabajadora que la izquierda es la opción política que realmente sirve para defender sus intereses. 

¿Hasta qué punto las redes sociales son un terreno de combate relevante en la nueva guerra cultural? 

Son esenciales porque las guerras culturales contemporáneas no pueden entenderse, de hecho, sin el papel de las redes sociales. En la actualidad esta ultraderecha puede posicionar sus mentiras y provocaciones de manera más extendida y efectiva, por el propio formato de redes como Twitter, no diseñadas para el intercambio de ideas sino para las consignas, la simplificación de argumentos y la polémica, donde se pueden posicionar y replicar fake news a golpe de talonario. Pero que lo hace también gracias al crecimiento de Instagram, donde la imagen importa más que los argumentos, o usando influencers en canales de YouTube que ven miles de personas. Y aquí hay que reconocer que la izquierda está siendo reactiva y va también a remolque.  

No creo que sólo debamos enfocarnos a la guerra cultural y a las redes sociales, pero me parece fundamental la disputa en ese terreno pues tiene un peso grande a la hora de conformar el imaginario político de buena parte de la sociedad actual, sobre todo de los jóvenes. Aunque, por supuesto, hay, y debe haber, vida política fuera del mundo virtual, es innegable el impacto que las redes sociales tienen en tanto los medios tradicionales replican sus contenidos y la política se ha desplazado en parte a ellas porque los líderes las usan como ágora principal, para bien o para mal. 

En tu libro pones muchos ejemplos latinoamericanos de lawfare contra la izquierda pero, si me permites una crítica, eres más prudente a la hora de hablar de lawfare en España contra Podemos y los independentistas, no tanto porque no te parezca grave lo que ha sucedido, como por el hecho de que no aparece EE.UU. como operador. ¿Crees que está pendiente el libro sobre el lawfare en España? Quizá deberíamos ponernos a ello. 

Sí, es cierto que mi libro se enfoca en los casos de América Latina y pasa de puntillas en la introducción sobre el lawfare en España, aunque retomo esta conexión en la parte final para lanzar algunas advertencias. Esto es así, primero de todo, porque el libro se hizo con la voluntad de denunciar las nuevas modalidades de injerencia de EE.UU. en América Latina desde una caracterización del lawfare como arma bélica para la reconfiguración geopolítica, tratando de diferenciarla de la mera judicialización de la política. Ese elemento geopolítico con EE.UU. como actor principal en la sombra no se percibe, al menos no de manera directa, en el caso español y catalán, donde operan otras variables y donde el marco geopolítico tiene otras coordenadas por la pertenencia de España a la Unión Europea. Digamos que aquí la UE ya ejerce de camisa de fuerza para la contención política, es decir, para garantizar que cualquier fuerza de la izquierda que llegue al gobierno tenga unos márgenes de actuación bastante limitados, por decir lo menos, como demuestra dramáticamente el caso de Syriza en Grecia.

Sin embargo, creo que se puede hablar de lawfare para el caso español porque la persecución judicial y mediática a varios cargos de Unidas Podemos, al propio partido de Podemos inventando financiaciones bolivarianas con difusión de pruebas falsas de manera coordinada en programas de máxima audiencia, o la arremetida judicial, política y mediática contra las posiciones del independentismo catalán, negando su legitimidad, exceden la mera judicialización de la política. Nos encontramos ahora mismo en España en un terreno peligroso: una justicia politizada, con un sesgo ideológico conservador y de clase muy marcado, está usando la ley como herramienta de disciplinamiento político, de la mano de unos medios parcializados, sean privados o incluso públicos, lo cual es todavía más grave, que establecen cuál es la agenda política y dónde están los límites posibles de la acción política legítima. Esta se encuentra siempre circunscrita en un espectro que va del centro-izquierda hacia una derecha que, por el contrario, no tiene límites para expandirse hacia su derecha, ni cuestionamientos contundentes en estos mismos medios sobre su ultraderechización. De hecho, estos medios marginan a ideas de izquierda más rupturistas mientras están dando cabida de manera desproporcionada a voces mediáticas que permiten normalizar el marco de análisis de la ultraderecha. El resultado es que legitiman unas ideas excluyentes volviéndolas parte de un sentido común que no se corresponde con la sensibilidad mayoritaria de los ciudadanos españoles pero que, por el eco mediático que reciben, refuerzan las posiciones neofascistas, al menos en el debate público, con cierta traslación en lo electoral también. 

Creo que esta ofensiva mediático-judicial es muy grave, en efecto, y pone en evidencia las trampas de los pilares discursivos en que se sostienen las democracias liberales, mostrando algunas de sus limitaciones. Por ejemplo, en cuanto al respeto que debiera existir ante la voluntad soberana de quienes optan por opciones de transformación económica y ampliación democrática en regímenes que no aceptan, en el fondo, el cuestionamiento de sus fundamentos económicos y políticos. No es un problema exclusivo de España pero hace falta explicar cómo opera aquí. Creo que ese libro que propones no tardará porque el lawfare forma parte inevitable del debate político actual. Me consta que en la academia ya hay gente trabajando en el lawfare español y hace meses se publicó un libro sobre el lawfare catalán. Es muy importante que se incorporen más perspectivas al análisis, también desde el ámbito jurídico y no sólo periodístico, sea denunciando el lawfare como ataque a los propios pilares de la democracia liberal, sea analizándolo como parte de un tradicional uso de la ley como expresión de un poder de clase inherente a las democracias liberales. Facilita que la sociedad tome conciencia de cómo opera el poder a la hora de evitar cualquier cambio sustantivo y ayuda a tomar conciencia colectiva sobre la necesidad de construir alternativas, sin olvidar que el lawfare es una más de las estrategias del poder, pero no la única.  

Te lanzo ahora un cuestionario rápido. Yo lanzo una voz para un posible diccionario sobre el lawfare y tú haces la descripción de la voz. 

Lula: Un caso paradigmático de cómo se ha usado la persecución judicial para la reconfiguración geopolítica. Su absolución en varias de las causas y el archivo de otras demuestran el carácter totalmente instrumental de las acusaciones en su contra. 

Jeanine Áñez: una golpista que se presenta como víctima de un lawfare inexistente. El colmo del cinismo. 

Rafael Correa: un presidente condenado al exilio por culpa del lawfare que ha tenido en su sucesor a uno de sus principales verdugos. Su mayor delito parece haber sido señalar la falta de democracia mediática y el monopolio existente en los medios de comunicación. 

Juan Guaidó: el títere del fracaso más estrepitoso del golpismo estadounidense en América Latina. 

Kast: el pinochetismo del siglo XXI, muestra viva de las conexiones entre el fascismo histórico y la ultraderecha actual, heredera de la tradición golpista latinoamericana.

Fernández Díaz: el cerebro del Informe Pisa contra Podemos, entre otros, símbolo de esas familias “bien” que siguen creyendo que el Estado es suyo y que pueden operar a su antojo usando las instituciones para la perpetuación de su poder económico y político.

Ana Rosa Quintana: la operadora mediática al servicio de los poderes fácticos españoles, necesaria para la difusión masiva del argumentario de la ultraderecha entre amas de casa y jubilados en horario matutino.

Inda: la pantalla pseudo periodística de las cloacas del Estado español en su versión humana más infame. Ariete principal en la estrategia de neutralización y aniquilamiento de Podemos vía fake news

Villarejo: la cabeza visible de la policía política, el fontanero de las cloacas del Estado que dejó de ser útil para ser incómodo. Ejemplo de las continuidades entre la dictadura franquista y el régimen del 78 y de la labor de inteligencia presente en el lawfare.

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Pablo Iglesias

Es doctor por la Complutense, universidad por la que se licenció en Derecho y Ciencias Políticas. En 2013 recibió el premio de periodismo La Lupa. Fue secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno. 

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@PabloIglesias 

Informa Ecuador / Conetxto y Acción

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