La Comisión de Fiscalización -convertida en perseguidora de Correa y su gobierno- aprobó con 5 de 9 votos un Informe sobre el funcionamiento del Sistema Sucre. La misma Comisión elaboró otro Informe de minoría que fue aprobado por 4 votos.

El Informe Villavicencio acusa a Correa, Chávez, Santos, exfuncionarios de Ecuador y Colombia de haber creado el sistema SUCRE para facilitar el “lavado de dinero” proveniente de actividades ilegales como son el narcotráfico y la corrupción. 

El Informe Villavicencio que nunca fue conocido, ni aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional se ajusta y busca resaltar el relato que Fernando Villavicencio ya venía expresando en medios de comunicación con mucha anticipación a la supuesta investigación.

Según analistas consultados por este medio, los objetivos políticos del informe son dos: legitimar una nueva persecución contra el Expresidente Correa, funcionarios de su gobierno y empresarios que utilizaron el Sistema Unitario de Compensación Regional -SUCRE-; y bajar el perfil del escádalo de los Pandora Papers en los que se señala al Presidente Guillermo Lasso.

El grado en el que se recoge seriamente lo señalado por los exfuncionarios que acudieron a las comparecencias es prácticamente nulo. En todas las comparecencias los exfuncionarios dejaron en claro que en ningún caso se utilizó́ recursos públicos (de las reservas internacionales) para pagar a los exportadores por exportaciones ficticias o sobrevaloradas, lo cual es omitido deliberadamente en la redacción del Informe. 

El Informe concluye que las autoridades y funcionarios no hicieron nada para frenar estas irregularidades y que, por el contrario, actuaron permitiendo u omitiendo actuar, facilitando así́ la realización de estos actos. Esto es falso, ya que en varias comparecencias se puso en evidencia las acciones realizadas para evitar y/o perseguir legalmente las actuaciones irregulares. 

Se esconde que la sobrefacturación y subfacturación son prácticas detectadas en el Ecuador hasta en la actualidad y que es mucho más difícil rastrearla cuando se hacen transacciones a través del sistema bancario comercial, porque la información es propiedad privada de los bancos privados y está sujeta al sigilo que estas instituciones tienen sobre esas transacciones, cosa que no sucedía con el SUCRE. 

No se menciona que, por ejemplo, en su reporte Financial Crime in Latin America and the Caribbean, Understanding Country Challenges and Designing Effective Technical Responses, octubre 2021, en la parte correspondiente al Ecuador, se señala: “encontró una brecha de valor de USD 2.500 millones entre las exportaciones oficiales y las importaciones ecuatorianas reportadas por sus socios comerciales entre 36 economías avanzadas”. Y todo esto no se realizó por el SUCRE, sino por el sistema de la banca comercial. 

Se omite igualmente que, el 3 de junio de 2021, el Presidente de la República, Guillermo Lasso, envía a la Presidenta de la Asamblea Nacional, su OBJECION PARCIAL al proyecto de Ley Orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. En ese veto parcial el actual Presidente de la República elimina la propuesta de “PENALIZACION DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA”, es decir la sobrefacturación y subfacturación de transacciones comerciales internacionales. 

Informa Ecuador

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