El Gobierno de Ecuador anunció la activación de mecanismos comunitarios dentro de la Comunidad Andina para defender «sus derechos comerciales y de seguridad» frente a medidas adoptadas por Colombia.
Según un comunicado de la Cancillería ecuatoriana, esta decisión se enmarca en el ejercicio de sus derechos soberanos y el apego al ordenamiento jurídico andino, específicamente el Acuerdo de Cartagena.
El objetivo es proteger el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos que se ven afectados por acciones preventivas implementadas por el vecino país.
En el contexto de estas tensiones, Ecuador ha identificado supuestos incumplimientos por parte de Colombia en decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario.
Esta situación ha llevado al país a intervenir activamente para salvaguardar sus intereses, destacando la importancia de mantener un equilibrio en las relaciones subregionales.
En respuesta, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. Estos reclamos denuncian vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional, buscando una resolución que restablezca el equilibrio comercial.
Por su parte, las medidas colombianas surgen como reacción a la imposición por parte de Ecuador de una tasa del 30% por servicio aduanero a las mercancías provenientes de Colombia, justificada por supuestas razones de seguridad nacional ante la presunta falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Bogotá en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
