Varias organizaciones sociales, indígenas y campesinas presentaron una acción de protección con solicitud de medidas cautelares horas antes de que la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional instale, a las 20:55 de este 23 de febrero de 2026, la sesión virtual para conocer y votar el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los sectores estratégicos de Minería y Energía.
La normativa, enviada con carácter económico urgente, vulneraría —según los demandantes— el derecho a la consulta prelegislativa, procedimiento que consideran obligatorio antes de avanzar en el trámite legislativo.
Argumentos de la demanda
Las organizaciones sostienen que el proyecto no habría cumplido con el proceso constitucional de consulta a los pueblos y comunidades potencialmente afectados, lo que, a su criterio, constituye una vulneración de derechos colectivos.
El recurso fue sorteado y recayó en el despacho de Favio Guaraca Maldonado, juez de la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva de Cuenca.
En el escrito, los accionantes señalan que habitan en parroquias como Tarqui, Victoria del Portete, Molleturo y San Gerardo, en el cantón Cuenca, así como en el cantón Girón. Afirman que ya enfrentan impactos derivados de actividades extractivas en sus territorios, entre ellas los proyectos Quimsacocha (Loma Larga) y Río Blanco.
Desde esa experiencia, advierten que la reforma en trámite profundizaría la afectación a sus derechos colectivos y al equilibrio ambiental en la zona sur del país.
Organizaciones y dirigentes participantes
En la demanda participan:
- Yaku Pérez, abogado y coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay.
- Dirigentes de la Unión de Defensoras del Agua y la Naturaleza.
- La Junta de Agua Victoria del Portete-Tarqui.
- Juntas de riego y comunas de las provincias de Azuay y Cañar.
Los accionantes solicitan que se otorguen medidas cautelares para suspender el trámite del proyecto hasta que se garantice el cumplimiento del derecho a la consulta prelegislativa conforme a la Constitución
