La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron 11 allanamientos en Guayaquil, Quito y Morona Santiago, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada y otros delitos asociados. El operativo dejó ocho personas detenidas, entre ellas médicos y exmédicos del Ministerio de Salud Pública (MSP), funcionarios del SNAI y personas vinculadas con la defensa técnica. Según el ministro del Interior, John Reimberg, la investigación busca determinar la existencia de una estructura que habría intervenido en procedimientos judiciales y controles penitenciarios.
De acuerdo con la versión oficial, entre los delitos investigados están fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos y perjurio, presuntamente cometidos para favorecer al ciudadano albanés Dritan Rexhepi, quien fue condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico. Reimberg señaló que Rexhepi habría salido del país por Rumichaca el 7 de septiembre de 2022, utilizando una identidad falsa, y posteriormente fue detenido en Turquía, en noviembre de 2023.
Pese a que Rexhepi se encontraba fuera de Ecuador, según el ministro, en el país continuaron registrándose presentaciones ante el SNAI y certificados médicos a su nombre. La investigación apunta a que se habrían utilizado documentación, firmas y certificados médicos presuntamente falsos, además de registros irregulares de asistencia. Entre los mecanismos investigados consta una supuesta huella dactilar reproducida mediante un guante de látex, con la finalidad de aparentar que el procesado cumplía con sus obligaciones judiciales.
La investigación se desarrolló durante aproximadamente ocho meses y busca establecer el alcance de las actuaciones y la responsabilidad individual de los detenidos. Reimberg afirmó que el operativo apunta a combatir presuntos vínculos entre funcionarios y estructuras delictivas. Sin embargo, la participación de cada uno de los investigados y la configuración de los delitos señalados deberán ser determinadas durante el proceso judicial, por lo que se mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial en firme.
