Ecuador enfrenta un escenario de alta presión sobre su sistema eléctrico debido a la reducción de la oferta disponible de generación. Los proyectos contratados con Progen y Austral Technical Management (ATM) que no llegaron a operar, las dificultades para importar electricidad desde Colombia, las demoras en la renovación de barcazas alquiladas y el incendio de la central Esmeraldas I han restado en conjunto 1.016 megavatios (MW) de disponibilidad al sistema en 2026.
De ese total, 241 MW corresponden a los proyectos contratados con Progen y Austral, que no ingresaron al sistema pese a que el Estado pagó más de USD 178 millones por estos contratos. La menor disponibilidad de generación también ha obligado a recurrir a las reservas de la central de Mazar, mientras el Gobierno busca contener temporalmente la demanda eléctrica.
Como parte de esa estrategia, el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) oficializó la noche del 22 de septiembre de 2026 una medida dirigida a 185 industrias de los segmentos Alto Voltaje 1 (AV1) y Alto Voltaje 2 (AV2). Las empresas deberán reducir temporalmente su consumo del Sistema Nacional Interconectado mediante disminución de carga, uso de autogeneración o reorganización de sus procesos productivos.
Inicialmente, el MAE señaló que la medida permitiría reducir alrededor de 1.000 MW de demanda, equivalente al 22% de la demanda promedio diaria, calculada en unos 4.500 MW, según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). La cartera de Estado indicó que la disposición se mantendrá mientras las condiciones operativas y energéticas del sistema lo requieran.
La medida pone nuevamente en el centro del debate la capacidad del sistema eléctrico para cubrir la demanda nacional. La reducción de la oferta disponible ocurre en un contexto marcado por problemas en proyectos de generación contratados por el Estado, menor disponibilidad de energía importada, retrasos en soluciones de generación temporal y afectaciones a centrales eléctricas.
La pregunta que surge es por qué Ecuador debe recurrir a una reducción temporal del consumo de grandes industrias para sostener el equilibrio entre oferta y demanda, pese a que la Constitución establece que el Estado debe garantizar la provisión de los servicios públicos. La situación evidencia las dificultades que enfrenta el sistema para disponer de suficiente generación y reservas ante un escenario de menor oferta eléctrica.
