La violencia en el sistema penitenciario vuelve a mostrar la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y derechos humanos, pese a la militarización y los anuncios oficiales.
La negligencia del Estado ha llegado a un punto crítico. Ecuador no solo enfrenta una crisis en el sistema de salud pública, sino también un colapso absoluto en el control carcelario.
En la cárcel de Machala, provincia de El Oro, se reportan 31 personas privadas de libertad muertas y al menos 27 heridas, según los reportes oficiales del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
De acuerdo con la información preliminar, 27 de las víctimas habrían muerto por asfixia mediante “suspensión”, lo que revela una escena de horror dentro del centro penitenciario. La violencia no ha sido contenida, pese a la presencia militar y al discurso gubernamental de “mano dura” en el sistema penitenciario.
Lejos de aportar soluciones, la militarización ha trasladado la responsabilidad de los asesinatos dentro de las cárceles de manos criminales a un Estado que no controla lo que sucede en su interior.
El Gobierno, que prometió recuperar el control de los centros de reclusión, ha vuelto a fallar. Las cifras evidencian que las cárceles ecuatorianas siguen siendo territorios sin ley, donde los derechos humanos y la vida misma han perdido todo valor.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas exigen respuestas y los organismos de derechos humanos piden una investigación independiente sobre lo ocurrido.
La crisis penitenciaria, lejos de disminuir, se ha convertido en un reflejo más del deterioro institucional y del fracaso de las políticas de seguridad del Gobierno.
Fuente: Bessy Granja / X
