El proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo para reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) genera fuertes cuestionamientos entre autoridades locales, que advierten sobre una posible afectación a la autonomía y sostenibilidad financiera de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
El alcalde de Nobol y expresidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Patricio Maldonado, calificó la iniciativa como una “trampa” y aseguró que la intención del Gobierno sería obtener liquidez a costa de ahogar financieramente a los gobiernos seccionales.
Según Maldonado, tal como está planteada la propuesta, se limitaría la capacidad de planificación de municipios y prefecturas y se complicaría la administración de los recursos. Además, cuestionó que el Ejecutivo exija la ejecución de obras a los GAD, cuando mantiene una deuda promedio de tres meses con ellos.
“Resulta paradójico que el Gobierno central, que adeuda recursos a los gobiernos seccionales, les exija obras, cuando son precisamente los GAD los que realizan trabajos que el Ejecutivo no ejecuta”, señaló.
Prefectos alertan sobre un retorno al centralismo
A las críticas se sumó la prefecta de Pichincha y expresidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), Paola Pabón, quien lamentó que el Gobierno de Daniel Noboa impulse lo que calificó como una reforma inconstitucional.
Pabón advirtió que el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Cootad, que ya se encuentra en manos de la Asamblea Nacional, busca regresar a un “centralismo sin sentido”, debilitando el rol de los gobiernos autónomos en los territorios.
“Sin gobiernos autónomos, las comunidades sufrirán la falta de acceso a servicios básicos y a la prestación de servicios sociales”, afirmó. Recordó que el Cootad vigente establece que las asignaciones a los GAD deben ser previsibles, automáticas y directas, por lo que cualquier condicionamiento atentaría contra su estabilidad financiera y presupuestaria.
Riesgos para obras y servicios comunitarios
La prefecta explicó que la iniciativa del Ejecutivo introduce desigualdades y bloquea recursos destinados a obras y servicios públicos, al imponer reglas rígidas desde la visión del Gobierno central, sin considerar las realidades específicas de cada territorio.
“No es posible que las asignaciones que por ley corresponden a los GAD estén condicionadas a una regla impuesta desde el centralismo, sin entender que las necesidades de cada territorio son distintas”, señaló.
En un video publicado en la red social X el 3 de febrero de 2026, Pabón alertó que el proyecto pone en riesgo programas y servicios clave, entre ellos:
- Ferias de salud gratuitas
- Proyectos para niños y jóvenes, como escuelas deportivas
- Obras de infraestructura local
- Centros de atención para mujeres víctimas de violencia, especialmente en la provincia de Pichincha
“Esta reforma, disfrazada de eficiencia, busca desaparecer la presencia de los GAD en los territorios y los principales afectados serán las personas más humildes”, concluyó
