El proceso que originalmente fue INA Papers —y que luego por cuestiones políticas fue rebautizado por la embajadora del Ecuador en Argentina, Diana Salazar (entonces Fiscal General del Ecuador) como caso Sinohydro— se ha convertido en un laberinto judicial y político. Esto pone constantemente en entredicho la solidez del sistema de justicia y la prudencia del discurso oficial. Lo que comenzó como una investigación por presunto cohecho derivó en una trama donde los límites entre lo judicial, lo mediático y lo político se difuminan peligrosamente.
El abogado Eduardo Carmigniani publicó un comunicado que resume el desorden jurídico del expediente y, sobre todo, las interferencias y presiones políticas que lo han contaminado. Según Carmigniani, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, habría “prejuzgado” públicamente el proceso, incurriendo en declaraciones que presionan a la justicia y vulneran el principio de independencia judicial.
Inexistencia de la figura de cohecho. Carmigniani subraya que jamás fue funcionario público ni entregó dinero a nadie en esa calidad, por lo que la figura penal del cohecho —pilar de la acusación— no tiene razón de ser. Este vacío llevó incluso a que la Procuraduría General del Estado se abstuviera de acusarlo formalmente, reconociendo la falta de elementos que configuren delito.
Delito imposible. Al no existir vínculo entre la supuesta entrega de sobornos y un acto propio de la función pública, el caso se sostiene sobre una hipótesis que no encaja en la tipificación penal. En palabras del propio defensor, se trata de un “delito imposible”, un expediente construido sobre conjeturas más que sobre pruebas.
Vulneración del debido proceso. Las declaraciones de la vocera del Ejecutivo, al afirmar que “el caso Sinohydro demuestra el compromiso del Gobierno con la lucha contra la corrupción”, podrían interpretarse como una condena anticipada, lo que abre la puerta a la alegación de nulidades por presión institucional o contaminación mediática.
El comunicado de Carmigniani pone sobre la mesa una preocupación mayor: la judicialización del discurso político. En lugar de permitir que el caso siga su curso con independencia, las declaraciones oficiales introducen un componente de propaganda que alimenta la percepción de instrumentalización.
En un contexto donde el Gobierno busca mostrar resultados tangibles en la lucha anticorrupción, el caso Sinohydro podría estar siendo usado como escenario de reposicionamiento político y geopolítico, especialmente en la narrativa de “distanciamiento con China” y acercamiento con Estados Unidos. Este giro discursivo, aunque simbólicamente útil, socava la legitimidad del proceso judicial y reaviva las dudas sobre su verdadera motivación.
La figura de una vocera oficial —por definición portavoz de la línea gubernamental— amplifica el riesgo de interferencia. No se trata de una opinión personal, sino institucional. Sus palabras pueden ser interpretadas como una señal directa del Ejecutivo hacia el sistema de justicia.
El abogado advierte que esta conducta podría incluso derivar en procesos por interferencia en la función judicial o injurias, dependiendo del tono y contenido de las declaraciones. Más allá del aspecto penal, el daño reputacional ya está hecho: se instala la idea de que el Gobierno actúa como juez mediático en un proceso que involucra a un expresidente.
A seis años de su inicio, el caso INA Papers/Sinohydro parece haber perdido su eje jurídico y ganado peso político. Lo que debía ser una investigación seria sobre presuntos sobornos vinculados a una obra emblemática terminó convertido en un expediente confuso, enredado y atravesado por tensiones de poder.
El principio de independencia judicial —clave para cualquier democracia— queda comprometido cuando la justicia se mezcla con la retórica gubernamental. Lo que emerge, al final, es un caso sin pies ni cabeza, donde las inconsistencias procesales, la presión política y las lecturas geopolíticas superan a las pruebas.
FIN
