La justicia ecuatoriana pasa por un momento de marcada fragilidad institucional. En apenas unos días, dos hechos han acentuado la percepción de crisis: la renuncia del presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, y la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ante la Asamblea Nacional, en el marco de un juicio político en trámite. Ambos sucesos se suman a un escenario ya tensionado por las advertencias internacionales sobre la independencia judicial y por la creciente presión de la criminalidad organizada sobre jueces y fiscales.
Un sistema acosado por presiones externas
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, ha señalado que los operadores de justicia en Ecuador enfrentan amenazas, intimidaciones y falta de protección efectiva.
A ello se añaden las presiones políticas y la deslegitimación pública de decisiones judiciales, lo que erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad de la Función Judicial.
La renuncia en la Corte Nacional y el trámite de juicio político en curso contra el titular de la Judicatura refuerzan la percepción de que la justicia se encuentra atrapada entre disputas de poder y riesgos de seguridad.
El caso INA Papers: un expediente bajo sospecha
En este contexto, el caso conocido como INA Papers, iniciado en 2019 y vinculado a la familia del expresidente Lenín Moreno, vuelve a ser objeto de debate periódicamente.
Originalmente planteado como un proceso por presunto cohecho, el expediente ha sido reactivado en distintos momentos de crisis política, convirtiéndose en un recurso discursivo para levantar banderas anticorrupción. Sin embargo, las inconsistencias acumuladas han debilitado su sustento jurídico.
Uno de los episodios más controvertidos fue el cambio de denominación del caso hacia Sinohydro, impulsado por la entonces fiscal general Diana Salazar, hoy embajadora en Argentina.
Este giro trasladó el foco hacia la empresa extranjera a cargo de a construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, pese a que no existían pruebas directas que la relacionaran con los hechos investigados.
El resultado ha sido un proceso que llama a juicio a 21 personas sin precisar con claridad la acusación, mientras lo único tangible ha sido el impacto reputacional sobre una compañía extranjera y sobre una obra estratégica para el país, Coca Codo Sinclair, que ha mantenido la generación eléctrica en los momentos más críticos en el país.
Inconsistencias y efectos institucionales
Las inconsistencias del caso INA/Sinohydro reflejan cómo procesos judiciales pueden contaminarse de criterios políticos en medio de crisis institucionales.
La falta de argumentos sólidos en torno al cohecho, la ausencia de claridad en las imputaciones y el uso recurrente del expediente como herramienta de presión política han debilitado la credibilidad del sistema judicial.
Al mismo tiempo, la mención de una obra fundamental como Coca Codo Sinclair -que según datos oficiales sostiene gran parte de la generación eléctrica nacional- introduce un componente geopolítico y económico que trasciende el ámbito estrictamente judicial.
Un desafío para la independencia judicial
La coincidencia de renuncias en la cúpula judicial, procesos de fiscalización política y casos emblemáticos cuestionados configura un punto crítico para la justicia ecuatoriana.
La pregunta de fondo es si el Estado logrará recomponer la institucionalidad y garantizar un sistema independiente y protegido, o si la crisis se profundizará, dejando a la justicia como un terreno de disputa política y de vulnerabilidad frente al crimen organizado.
En este escenario, la evolución del juicio político contra el presidente de la Judicatura, las medidas de protección a jueces y fiscales, y la resolución de casos como INA Papers/Sinohydro serán determinantes para definir si la justicia ecuatoriana logra recuperar legitimidad o continúa atrapada en un círculo de presiones y desconfianza. Fin
