Una nueva polémica rodea al gobierno de Daniel Noboa tras la emisión de una disposición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que establece criterios para acreditar a medios de comunicación en coberturas institucionales. La medida, que excluye a medios considerados perjudiciales para la imagen militar, ha sido calificada por periodistas y analistas como una forma de censura que afecta el ejercicio libre del periodismo.
La orden, firmada por el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, instruye a los comandantes del Ejército, la Marina y la Aviación a evaluar aspectos como la línea editorial, el rigor informativo, el tratamiento histórico y la postura de los medios frente al rol constitucional de las Fuerzas Armadas. Desde el 28 de enero, estos parámetros pueden ser usados para negar acreditaciones a medios considerados contrarios a la imagen institucional militar.
Además, un informe comunicacional incluye una matriz de evaluación que califica sobre cien puntos la idoneidad de los medios para futuras coberturas. Puntajes entre 80 y 100 habilitan el acceso, valores intermedios implican autorizaciones condicionadas y calificaciones menores a 60 puntos impiden nuevas acreditaciones. Para comunicadores y gremios periodísticos, este sistema equivale a censura previa al restringir el acceso a actividades públicas de una institución estatal.
Las reacciones no se hicieron esperar. La periodista Yalilé Loaiza señaló que en democracia ninguna institución pública puede decidir quién pregunta y recordó que las Fuerzas Armadas administran información pública, no reputación. En la misma línea, Fundamedios advirtió que los documentos oficiales configuran un sistema de control y exclusión de medios incompatible con los principios constitucionales e interamericanos que obligan al Estado a garantizar la libertad de expresión y de prensa.
