La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional acelera el trámite de la polémica reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el presidente Daniel Noboa. La propuesta plantea modificar la distribución de recursos, lo que, según críticos, reduciría el presupuesto destinado al área social por parte de prefecturas, municipios y juntas parroquiales.
La mesa legislativa, que cuenta con mayoría oficialista, fue convocada de manera virtual para las 15:45 de este martes 17 de febrero de 2026. En la sesión se prevé conocer y votar el informe que será remitido al Pleno para el segundo y definitivo debate.
Pabón insiste en exponer observaciones
Previamente, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, solicitó por segunda ocasión ser recibida en la Comisión para exponer los argumentos por los cuales considera que la propuesta es inconstitucional y afecta la autonomía financiera de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).
En un oficio dirigido a Valentina Centeno, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión, Pabón pidió un espacio formal para explicar las preocupaciones de la Prefectura.
“La normativa contraviene la garantía de autonomía establecida en el artículo 6 del Cootad, particularmente en lo referente a la previsibilidad de los recursos y la implementación de políticas y obras públicas en favor de la ciudadanía”, señaló.
La prefecta advirtió que la reforma podría comprometer programas actualmente en ejecución, como los servicios de salud de Pichincha Humana, escuelas deportivas, centros Warmi, ferias de emprendedores y proyectos de vialidad rural.
Reparos en el primer debate
Durante el primer debate en el Pleno, la iniciativa generó cuestionamientos desde distintas bancadas. El legislador socialcristiano Alfredo Serrano criticó que la denominada regla 70/30 se aplique sobre la totalidad de los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados y no únicamente sobre los fondos transferidos por el Ejecutivo.
A su juicio, esa amplitud podría distorsionar la gestión financiera de los gobiernos locales y afectar la planificación presupuestaria en territorio.
