La justicia ecuatoriana atraviesa una crisis prolongada marcada por la dilación de procesos y la creciente percepción de interferencia política. Más allá de los debates coyunturales, el problema de fondo es estructural: causas que se extienden por años sin sentencia definitiva, investigaciones que avanzan con lentitud y una ciudadanía que observa cómo los expedientes más sensibles parecen moverse al ritmo de la política y no exclusivamente del derecho.
La mora judicial no es un fenómeno nuevo. La sobrecarga procesal, la falta de recursos y los constantes incidentes legales han generado un sistema pesado y vulnerable. Sin embargo, cuando los casos de mayor impacto nacional permanecen abiertos indefinidamente, la lentitud deja de percibirse como ineficiencia administrativa y comienza a interpretarse como cálculo estratégico. El tiempo, en ese escenario, se convierte en un instrumento de poder.
Uno de los ejemplos más emblemáticos es el llamado caso INA Papers, posteriormente reconfigurado como caso “Sinohydro”. Este expediente ha sido uno de los más mediáticos de la última década por su carga política y simbólica dentro del debate nacional.
El cambio de denominación —de INA Papers a caso “Sinohydro”— no fue un simple ajuste técnico. Representó una transición narrativa que desplazó el foco. Esa mutación evidenció cómo el encuadre del caso también forma parte de la disputa política, en un contexto donde los símbolos pesan tanto como los argumentos jurídicos.
A lo largo de los años, el caso ha reaparecido con fuerza en momentos políticamente sensibles: juicios políticos, tensiones entre funciones del Estado o crisis de gobernabilidad. Esta coincidencia temporal ha alimentado la percepción de que su activación mediática puede operar como cortina de humo frente a otras controversias.
El problema central no es que se investigue, eso es indispensable en cualquier democracia. La preocupación surge cuando la justicia parece convertirse en un escenario más de confrontación política. Si los procesos avanzan o se visibilizan según la conveniencia coyuntural, la independencia institucional queda en entredicho y la legitimidad del sistema se debilita.
La prolongada ausencia de una sentencia definitiva en casos de alta exposición pública agrava la crisis de confianza. La incertidumbre permanente no solo afecta a los involucrados directos, sino que impacta en la percepción de seguridad jurídica, inversión y estabilidad institucional. Cuando la justicia tarda excesivamente, su efecto ejemplificador se diluye y la ciudadanía se instala en la sospecha.
Más allá del caso “Sinohydro”, la crisis judicial ecuatoriana exige reformas profundas orientadas a garantizar independencia real, transparencia procesal y reducción efectiva de la mora. Sin esos cambios estructurales, cada nuevo expediente corre el riesgo de repetir el mismo patrón: alta intensidad mediática, prolongada dilación y una sensación persistente de que la justicia no opera aislada de la política, sino entrelazada con ella. Fin
