Como un “golpe a la democracia” que anticipa un posible fraude electoral para beneficiar al presidente Daniel Noboa, calificó Geovanni Atarihuana, representante de Unidad Popular, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspender a esta organización del registro electoral.
Según Atarihuana, director de Unidad Popular, una vez que sean notificados oficialmente con la resolución, adoptarán tres acciones. La primera será acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La segunda, presentar una demanda ante la Corte Constitucional (CC), al considerar que la medida vulnera derechos constitucionales de participación.
La tercera vía será llevar el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, instancia que —según el dirigente— ya se ha pronunciado en situaciones similares de proscripción política.
Atarihuana reiteró que este tipo de decisiones busca dejar “la vía libre” al Gobierno y a su organización política, evitando competencia en las elecciones seccionales previstas para noviembre próximo.
Además, sostuvo que para cumplir ese objetivo “se han anticipado elecciones, se ha proscrito a la Revolución Ciudadana y se intenta impedir la reelección de algunos alcaldes”, entre otras acciones.
El dirigente negó que Unidad Popular haya perdido más de la mitad de sus afiliados y adherentes, como argumenta el CNE para iniciar el proceso de cancelación.
Por su parte, el pleno del Consejo Nacional Electoral ratificó la cancelación de Unidad Popular del registro de organizaciones políticas con el voto dirimente de su presidenta, Diana Atamaint. La decisión se produjo tras una votación dividida y en medio de una secuencia inusual dentro del organismo electoral.
