El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, sostuvo que corresponde a la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, garantizar la comparecencia de Nicole Bermúdez, denunciante del caso Triple A, cuya presencia fue solicitada como testigo dentro de la audiencia de juicio. El pronunciamiento se produjo pese a que la Fiscalía, como titular de la acción penal, tiene entre sus funciones promover medidas para la protección de víctimas y testigos y facilitar su participación en los procesos judiciales.
La posición del Fiscal ha generado cuestionamientos debido a que Bermúdez modificó su versión durante la ampliación de su testimonio, en enero de 2025. En esa diligencia afirmó que el alcance de la denuncia, en el que se incorporó el presunto delito de delincuencia organizada, no fue elaborado por ella, sino por terceros que la habrían obligado a firmarlo. Además, señaló a José Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, como la persona que le ordenó presentar ese documento y aseguró que este actuaba bajo presiones de José Julio Neira. La exfuncionaria renunció a su cargo el 17 de julio de 2026, un día después de que se dispusiera judicialmente su comparecencia.
Por su parte, la defensa de Aquiles Alvarez sostiene que la acusación se fundamenta en una norma que la Corte Constitucional declaró inconstitucional en 2025, por lo que considera que se vulneró el principio de legalidad. Los abogados también afirman que la Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad penal del alcalde ni la existencia de una operación de comercialización ilícita de combustibles. Mientras tanto, el Tribunal que conoce el caso dio por concluida la fase de juzgamiento e inició el análisis de las pruebas presentadas antes de emitir su decisión.
