La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional convocó para este lunes 2 de noviembre, en pleno feriado nacional, a nueve instituciones para analizar la Proforma del Presupuesto General del Estado 2027. La decisión generó cuestionamientos de la asambleísta Mónica Alemán, quien sostiene que el tratamiento corresponde a la Comisión de Régimen Económico por sus atribuciones legales.
El debate comienza con dos interrogantes: por qué se programaron las comparecencias durante el feriado y bajo qué fundamento el análisis presupuestario se encuentra en una mesa cuyas competencias se concentran en el sector productivo.
La ley asigna los asuntos presupuestarios a Régimen Económico
El artículo 21, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control conoce los asuntos de política macroeconómica, incluidos los aspectos fiscales, presupuestarios y tributarios.
En cambio, el numeral 4 atribuye a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa los asuntos relacionados con el sector real de la economía, los mercados, los servicios, el fomento productivo, la innovación y el emprendimiento. Esa diferencia sustenta el cuestionamiento sobre qué mesa debe conducir el análisis de la proforma.
Existe, además, un antecedente institucional: en septiembre de 2025, el Consejo de Administración Legislativa dispuso trasladar un proyecto de reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas desde Desarrollo Económico hacia Régimen Económico, precisamente con base en las competencias señaladas en ese artículo. Ese antecedente corresponde a otro trámite, pero muestra cómo la propia Asamblea ha aplicado la distribución temática prevista en la ley.
Nueve instituciones convocadas durante el feriado
Alemán cuestionó que las comparecencias se realicen el lunes 2 de noviembre. Según las convocatorias difundidas por la legisladora, están llamados representantes de entidades del Ejecutivo y de organizaciones de gobiernos municipales, provinciales y parroquiales.
La fecha añade un punto de controversia al procedimiento. El cuestionamiento exige una explicación pública sobre la programación de la sesión y, especialmente, sobre el fundamento para que Desarrollo Económico conozca un asunto presupuestario.
La convocatoria durante un feriado, por sí sola, no demuestra una irregularidad. Tampoco el reclamo de la legisladora constituye una resolución que invalide el trámite.
Un presupuesto de USD 50.213 millones bajo revisión
La discusión corresponde a una propuesta que asciende a USD 50.213 millones, según la información oficial del Ejecutivo. El documento contiene las previsiones de recursos públicos para 2027.
La Asamblea dispone de 30 días para aprobar u observar la proforma. Si no se pronuncia dentro de ese plazo, entra en vigencia la propuesta presentada por el Ejecutivo, conforme al procedimiento constitucional.
El inicio del análisis queda así acompañado de una discusión sobre el procedimiento legislativo. Además de examinar ingresos, gastos y financiamiento, corresponde esclarecer por qué interviene Desarrollo Económico y cómo se sustenta esa decisión frente a las competencias presupuestarias que la ley atribuye a Régimen Económico.
