La jueza de la Unidad de Garantías Penales de Ibarra, Mery Maza, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el presidente de la Fenocin, Guido Perugachi, durante la audiencia desarrollada la mañana de este viernes 14 de agosto de 2026.
Tras la resolución, Perugachi aseguró que las bases indígenas resolvieron que no se entregue a la justicia y denunció una supuesta vulneración de derechos durante la audiencia.
En diálogo con Radio Pichincha, el dirigente sostuvo que no se permitió intervenir a su defensa durante el tiempo que consideraba necesario ni a integrantes de la comunidad.
“No se nos permitió la palabra en la audiencia. Solo tomó dos pequeñas intervenciones de nuestro abogado y luego ni siquiera a la comunidad le dejó hablar”, afirmó.
Perugachi también señaló que considera que la medida judicial responde a una represalia del Gobierno por la revocatoria de mandato que impulsa, junto con otras organizaciones, contra el presidente Daniel Noboa y la segunda mandataria, María José Pinto.
El dirigente aseguró que las organizaciones indígenas analizarán las acciones que adoptarán tras la decisión judicial. También sostuvo que existe preocupación por una posible movilización social ante el descontento que, según afirmó, existe en el país.
Respecto a la Asamblea de la Fenocin prevista para el próximo 22 de agosto, Perugachi confirmó que se realizará, aunque ya no en Quito como estaba previsto inicialmente, sino dentro de las propias comunidades indígenas.
¿Por qué procesan a Guido Perugachi?
El presidente de la Fenocin enfrenta un proceso penal por el presunto delito de paralización de un servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena de entre uno y tres años de prisión.
Luis Ávila, abogado de Perugachi, explicó a Radio Pichincha que los procesos contra el dirigente y otras 40 personas se originaron tras las movilizaciones de septiembre y octubre de 2025.
Según el jurista, esos procesos se fueron diluyendo con el tiempo, pero el caso contra Perugachi habría sido reactivado cuando asumió el liderazgo de la revocatoria de mandato.
La Fiscalía acusa al dirigente a partir de declaraciones realizadas durante el paro en Imbabura, en un video que posteriormente se viralizó en redes sociales. En ese momento, Perugachi advirtió que, si no existía diálogo con el Gobierno, los indígenas se tomarían Ibarra.
De acuerdo con la Fiscalía, tras esas declaraciones se suspendieron las clases, dejó de funcionar el peaje y se produjo la rotura de una tubería de agua potable.
La defensa cuestiona esa acusación y sostiene que la suspensión de servicios públicos se produjo en el contexto de las manifestaciones y no como consecuencia directa de las declaraciones de Perugachi.
Fiscalía argumenta riesgo de afectación al proceso
Ávila explicó que la Fiscalía sostiene que Perugachi tiene capacidad de convocatoria y organización, por lo que existiría un riesgo de que pueda influir sobre víctimas y testigos y afectar el desarrollo del proceso judicial.
Para la defensa, sin embargo, la prisión preventiva tendría motivaciones políticas.
El abogado vinculó la decisión con las próximas elecciones de la Fenocin y sostuvo que el Gobierno buscaría influir en el control de la organización indígena.
“Estamos apelando, aunque eso no suspende la prisión preventiva. Tenemos que esperar que nos notifiquen por escrito, lo que seguramente se hará hoy mismo”, señaló Ávila.
La apelación será conocida por la Corte Provincial de Imbabura. El abogado anticipó dificultades para la defensa debido a que considera que ese tribunal es más conservador.
Ávila también advirtió que la decisión podría generar una escalada de tensión y convertirse en un detonante para nuevas protestas de organizaciones indígenas. Incluso señaló que no se descarta un escenario en el que fuerzas militares y policiales intenten ingresar a comunidades para detener a Perugachi.
