La Asamblea Nacional aprobó este 29 de septiembre de 2026 el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por estructuras criminales. La normativa reforma 15 cuerpos legales y establece penas de entre 22 y 26 años de prisión para quienes recluten, usen o utilicen a menores de edad en actividades delictivas, grupos armados o conflictos armados. El proyecto unificó propuestas presentadas por las asambleístas Valentina Centeno y Annabella Azín.
La ley incorpora medidas de prevención y protección frente a la captación de menores, incluso en entornos digitales. También establece obligaciones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que deberán emitir ordenanzas para prevenir en los entornos escolares y espacios públicos la promoción, apología o glorificación de actividades delictivas. Además, contempla mecanismos de protección de la identidad de quienes denuncien estos casos y permite el bloqueo temporal de contenidos digitales destinados al reclutamiento, siempre bajo la intervención de la autoridad competente.
Durante el trámite legislativo también hubo cuestionamientos. La asambleísta de Revolución Ciudadana Viviana Velozcuestionó que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana asumiera la elaboración del informe, al considerar que los asuntos relacionados con niñez corresponden a la comisión especializada. Desde esa bancada también se advirtió sobre el enfoque punitivo de la reforma y la posibilidad de trasladar nuevas responsabilidades a los municipios sin recursos adicionales.
Uno de los puntos que generó preocupación está relacionado con la justicia especializada para adolescentes y la seguridad en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI). El proyecto plantea trasladar la seguridad interna y externa de estos centros al Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria y contempla el apoyo de la Policía Nacional en situaciones excepcionales. Los cuestionamientos apuntan a la necesidad de mantener las garantías constitucionales de los adolescentes y evitar que las medidas de seguridad terminen afectando sus derechos. La Constitución establece que los menores deben estar sujetos a una legislación y administración de justicia especializada.
