Carlos Leonardo Alarcón, fiscal general del Estado encargado, se mantiene al frente del concurso para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía, con 46,5 puntos sobre 50 en la fase de méritos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) concluyó el sábado 24 de octubre de 2026 la revisión de las apelaciones presentadas por los aspirantes descalificados. Tras resolver los recursos, 21 de los 26 postulantes quedaron fuera del proceso, en medio de cuestionamientos sobre la idoneidad y probidad de los participantes.
Alarcón ingresó a la Fiscalía en 2007 como amanuense y asumió el encargo de fiscal general en noviembre de 2025. Durante su trayectoria intervino en el caso Triple A y, en octubre de 2025, solicitó el archivo de la investigación previa por presunto tráfico de influencias contra el presidente Daniel Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi, y directivos de Dundee Precious Metals, por una denuncia relacionada con el proyecto minero Loma Larga, en Azuay. En segundo lugar se ubican Mario David Fonseca y Juan Vicente Guaño, con 37,75 puntos cada uno. Andrea Cazar Villacís ocupa el cuarto puesto, con 37 puntos, y Patricio Haro Aldean completa la lista con 34,5.
Entre los aspirantes excluidos figuran la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho, quien encabezaba la calificación de méritos con 48 puntos sobre 50, y el exjuez Walter Samno Macías Fernández. El Cpccs aceptó una impugnación contra Camacho y rechazó su apelación. La jueza cuestionó su exclusión y sostuvo que la justificación presentada cumplía con la ley. Por su parte, Macías calificó de arbitrarias e ilegales las actuaciones de la Comisión Ciudadana de Selección y cuestionó la falta de supervisión del Pleno del Cpccs. Ambos expresaron reparos sobre las decisiones adoptadas durante el proceso.
Tras resolver las 26 apelaciones, el Cpccs deberá notificar las decisiones y la Comisión Ciudadana de Selección tendrá dos días para elaborar el informe final de esta fase y remitirlo al Pleno. Luego, el concurso avanzará a la etapa de oposición, que incluye una prueba escrita sobre 30 puntos y la exposición oral de un caso práctico valorada sobre 20. Estos resultados se sumarán a los 50 puntos de la fase de méritos. El aspirante que obtenga la mayor calificación total será designado fiscal general del Estado por un periodo de seis años.
