La defensa de la excandidata presidencial Luisa González denunció presuntas irregularidades procesales y un trato selectivo de la justicia ecuatoriana en la investigación que se sigue en su contra. En una entrevista con CNN en Español, el abogado penalista Diego Guarderas cuestionó la legalidad de la detención, las diferencias entre los montos difundidos por las autoridades y las condiciones en las que se desarrolló la audiencia de formulación de cargos.
Sobre las presuntas irregularidades económicas, Guarderas señaló que los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tienen carácter orientativo y no constituyen, por sí solos, pruebas periciales concluyentes. Según el abogado, las cifras mencionadas públicamente pasaron de USD 6.000 a USD 500.000 y USD 700.000, mientras que el reporte de la UAFE registraría movimientos de aproximadamente USD 204.000. El defensor sostuvo que deben diferenciarse las posibles inconsistencias administrativas en los informes de campaña del delito de lavado de activos de origen ilícito. Además, cuestionó que no se haya abierto una investigación similar tras las inconsistencias por USD 408.061,81 detectadas por el organismo electoral en la campaña del movimiento oficialista ADN.
En el ámbito judicial, Guarderas afirmó que la detención y la audiencia se realizaron sin que, a su criterio, existieran las condiciones legales necesarias, debido a un posible problema de competencia de los jueces. Explicó que el pedido inicial también incluyó a Andrés David Araúz Galarza, a quien atribuyó fuero de corte provincial por su condición de vocero de la Revolución Ciudadana. También denunció que González recibió la notificación de los cargos apenas media hora antes de la audiencia, lo que habría limitado su preparación con el equipo jurídico. Estas objeciones, según el abogado, fueron planteadas ante el juez, quien las desestimó.
Guarderas también cuestionó el traslado de González a un centro penitenciario fuera de Quito, pese a que, según indicó, un juez acogió el pedido de mantenerla en la capital para facilitar el contacto con su hijo menor de 12 años y su padre, quien padece una enfermedad renal. El defensor aseguró que la defensa no recibió información oficial sobre su paradero y que conoció detalles del traslado mediante reportes de periodistas y militantes. Asimismo, adelantó que el caso incluiría otras aristas, entre ellas una supuesta vigilancia encubierta que habría sido autorizada por el juez Héctor Cova. Las denuncias y cuestionamientos expuestos por la defensa corresponden a la versión de Guarderas y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre la legalidad de las actuaciones.
