El candidato a la Prefectura de Pichincha, Alexandro Tonello, rechazó las acusaciones del presidente Daniel Noboa sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en la provincia. El aspirante calificó los señalamientos de electorales y negó que su empresa haya incurrido en alguna ilegalidad.
A través de su cuenta de X, Noboa denunció presuntas ilegalidades en la contratación pública de Pichincha y señaló que la empresa Tonello Soluciones habría recibido más de 300 contratos durante la última década. Según el mandatario, los contratos, distribuidos en montos pequeños, sumarían más de USD 10,5 millones.
Tonello respondió que la empresa fue constituida mucho antes de su incursión en la política y que los procesos contractuales corresponden a un período de más de diez años. Aseguró que fueron públicos y se desarrollaron conforme a la normativa vigente y a los principios de transparencia y competencia.
El candidato también pidió a Noboa que «no utilice su investidura para hacer campaña y confundir a la ciudadanía». Además, aseguró que durante su gestión como viceprefecto la empresa nunca contrató con el Gobierno Provincial de Pichincha. «No permitiré que se pretenda convertir una trayectoria empresarial legítima en un instrumento de ataque electoral», sostuvo.
Los señalamientos del presidente se producen a un mes de las elecciones seccionales, en un contexto de cuestionamientos a autoridades locales cercanas al mandatario por presuntos hechos de corrupción y posibles vínculos con el crimen organizado, entre ellos los casos de los alcaldes de Vinces y Naranjal. En este escenario, Noboa también ha dirigido críticas a candidatos de oposición.
Para la analista Carolina Ávila Nieto, los pronunciamientos del mandatario y sus ministros sobre asuntos judiciales en plena campaña electoral pueden interpretarse como una forma de injerencia política. A su criterio, estas intervenciones ponen en riesgo la independencia con la que deben evaluarse los procesos judiciales y generan un perjuicio para la democracia.
«Esta vocería presidencial sobre temas judiciales en plena época electoral puede interpretarse como una medida desesperada. Frente a estos anuncios, las acciones judiciales pasarán a ser evaluadas, lamentablemente, por el filtro político del momento. Un daño enorme a la democracia y, además, infructuoso para los objetivos políticos y electorales del Gobierno», señaló Ávila.
