La Asamblea Nacional aprobó este martes 25 de agosto de 2026 la ley que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional frente al crimen organizado. La normativa obtuvo 83 votos de ADN, el PSC e independientes, mientras Revolución Ciudadana y Pachakutik se pronunciaron en contra. Su aprobación llegó con más de 600 días de retraso respecto del plazo previsto tras la consulta popular de abril de 2024.
La participación militar será excepcional, temporal y no se activará automáticamente ante la comisión de un delito. El procedimiento comenzará con una solicitud motivada del comandante general de la Policía al presidente de la República, quien deberá requerir un informe técnico al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
Con los informes correspondientes, el mandatario podrá emitir un decreto ejecutivo para autorizar la cooperación y deberá notificar a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional. El despliegue tendrá una duración máxima de 180 días y podrá prorrogarse por otros 30 si persisten las condiciones que lo originaron. Los militares podrán intervenir ante delitos como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, trata de personas y extorsión, cuando las capacidades policiales hayan sido superadas.
La ley también contempla el ingreso de las Fuerzas Armadas a las cárceles durante situaciones de grave conmoción interna y establece capacitación en derechos humanos y uso legítimo de la fuerza para policías y militares. Sin embargo, la normativa todavía no está vigente: deberá ser enviada al presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarla o presentar objeciones conforme al procedimiento constitucional.
