Un audio difundido por el medio digital La Defensa y atribuido a los jueces Demóstenes Díaz Ruilova y Olga Martina Aguilera recoge una conversación que, según esa publicación, habría ocurrido durante un receso de la audiencia de apelación del caso Grillete, el pasado 16 de septiembre de 2026. En el diálogo, una voz atribuida a Aguilera comenta sobre el estado físico del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien permanece privado de libertad en la cárcel El Encuentro, y cuestiona las condiciones en las que se encuentra. La jueza habría mencionado al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y calificado a funcionarios estatales como “destructores de vida”.
La grabación también contiene referencias a supuestas presiones para la realización de la audiencia. En el diálogo, aparentemente se señala que al juez Demóstenes Díaz “le estaban obligando a hacer la audiencia” y se mencionan coordinaciones para evitar incidentes durante la diligencia. Asimismo, aparece el nombre de Ricardo Moscoso, quien, de acuerdo con la información de Transparencia del Consejo de la Judicatura citada por La Defensa, sería coordinador provincial de Asesoría Jurídica en Guayaquil. El medio lo identifica como supuesto operador del organismo, una interpretación que no ha sido establecida judicialmente.
En otro fragmento, una voz atribuida a Aguilera habla de la necesidad de “blindarse” y menciona que la Corte Nacional debía ratificar lo actuado, además de referirse a una eventual acción de protección ante la Corte Constitucional. La conversación también alude a una persona identificada como “la loca”, que La Defensa relaciona con Rosario Franco Jaramillo, jueza ponente del tribunal. La providencia posterior confirma que el tribunal estuvo integrado por Franco Jaramillo, Demóstenes Díaz y Olga Martina Aguilera, esta última en reemplazo de Carmen Vásquez.
La audiencia de apelación concluyó con la ratificación de la condena de tres años de prisión contra Aquiles Alvarezpor el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La Fiscalía informó que el tribunal rechazó parcialmente el recurso de la defensa y acogió su pedido, manteniendo la pena y una multa equivalente a diez salarios básicos unificados. La defensa había solicitado que se declare la inocencia de Alvarez o la nulidad del proceso. La providencia posterior, de 26 páginas, recoge el análisis realizado por el tribunal sobre la sentencia de primera instancia, los registros de la audiencia y los argumentos de las partes.
