La Fiscalía General del Estado solicitó la vinculación de nueve personas al caso Progen, que investiga un presunto delito de peculado relacionado con los contratos de generación eléctrica suscritos durante la crisis energética de 2024. Entre los nuevos nombres aparecen dos exasesores de confianza de Roberto Luque, pero el pedido no incluye al exministro.
Se trata de Peter Christian Dreher Pozo y José Manuel de Oliveira, quienes fueron designados asesores de Luque durante el período en que estuvo encargado del Ministerio de Energía, entre el 16 de abril y el 2 de julio de 2024.
El pedido de vinculación fue presentado por el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, ante la Corte Nacional de Justicia.
Caso Progen: nueve personas en el nuevo pedido de Fiscalía
Además de Dreher y De Oliveira, la Fiscalía solicitó vincular a otras siete personas relacionadas con las áreas técnicas, administrativas y jurídicas involucradas en los procesos investigados:
- Cristhian Andrés Dahik Quijano, subgerente de Termopichincha.
- Marlon Iván Casilla Hernández, administrador del contrato de Salitral.
- José Luis Sampietro Saquicela, primer administrador del contrato de Quevedo.
- Marcos Alberto Guerrero Bravo, segundo administrador del contrato de Quevedo.
- Daniela Piedad Gordillo Ramírez, del área jurídica de Celec.
- José Xavier Aimara Guaita.
- Luis Javier Ugsha Guanotasig.
La investigación se concentra en determinar eventuales responsabilidades penales alrededor de las contrataciones efectuadas para enfrentar la emergencia eléctrica que golpeó a Ecuador.
Peter Dreher, el asesor técnico que acompañó a Luque a Estados Unidos
Peter Dreher fue uno de los principales asesores técnicos de Roberto Luque y tenía entre sus funciones informar sobre el avance de los procesos precontractuales relacionados con Progen.
En mayo de 2024, Dreher acompañó a Luque a Estados Unidos durante una visita a las instalaciones de Progen para verificar el estado de los equipos destinados a los proyectos de generación eléctrica.
Después de regresar a Ecuador, Dreher elaboró un informe en el que recomendó acelerar el proceso de contratación ante la proximidad del estiaje y el riesgo de una nueva crisis energética.
José Manuel de Oliveira revisaba los procesos jurídicos
José Manuel de Oliveira, por su parte, se desempeñó como asesor jurídico del Ministerio de Energía.
Según los antecedentes del caso, durante la administración de Luque los procesos de contratación relacionados con la emergencia energética debían pasar por la revisión jurídica de De Oliveira.
De esta manera, los dos exasesores ocupaban posiciones relevantes: Dreher en el componente técnico y De Oliveira en el jurídico de las decisiones adoptadas durante ese período.
Ambos salieron de Ecuador antes de la audiencia de formulación de cargos realizada el 14 de mayo de 2026. En aquella diligencia no fueron procesados por el fiscal Alarcón.
Fiscalía apunta a los exasesores, pero Roberto Luque no consta en el pedido
La nueva solicitud de Fiscalía vuelve a colocar bajo atención la cadena de decisiones adoptadas durante la crisis eléctrica de 2024.
Aunque Dreher y De Oliveira trabajaron directamente como asesores de Roberto Luque mientras estuvo encargado del Ministerio de Energía, el exministro no consta entre las nueve personas cuya vinculación ha sido solicitada en esta etapa del proceso.
Esto no implica por sí mismo una conclusión sobre su eventual responsabilidad penal, pero marca una diferencia dentro de la estrategia procesal de Fiscalía: el pedido alcanza a exasesores, administradores de contratos y otros funcionarios relacionados con las contrataciones investigadas.
Más de USD 100 millones y una generación que no llegó
El expediente investiga contrataciones de generación eléctrica realizadas durante la crisis energética de 2024, en un contexto marcado por apagones y la necesidad urgente de incorporar nueva capacidad al sistema eléctrico nacional.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el pago de más de USD 100 millones en anticipos, mientras los proyectos contratados no entregaron oportunamente la generación eléctrica prevista.
La solicitud de vincular a nueve nuevas personas abre ahora una nueva fase dentro de una investigación que busca determinar quiénes participaron en las decisiones técnicas, jurídicas y administrativas que rodearon los contratos.
