La presunta estafa cometida por la empresa estadounidense Progen contra el Estado ecuatoriano ya es investigada por autoridades de Estados Unidos. El exministro de Energía, Antonio Goncalves, presentó una denuncia ante el FBI (Oficina Federal de Investigación) con el objetivo de que se rastree el destino de los USD 104 millones entregados por Celec a la compañía.
Leonardo Stagg, abogado de Goncalves, informó que la denuncia fue presentada hace aproximadamente dos semanas. Explicó que el caso también corresponde a la jurisdicción estadounidense debido a que los recursos transferidos a Progen ingresaron al sistema financiero de ese país, lo que abre la puerta para una investigación internacional sobre las operaciones realizadas.
Además de la acción ante el FBI, Goncalves presentó una denuncia ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo adscrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de vigilar y proteger el sistema financiero. Según Stagg, el propósito es determinar la trazabilidad del dinero y establecer quiénes se beneficiaron de los pagos efectuados por el Estado ecuatoriano.
“El ministro Goncalves ha solicitado, a través de una asistencia penal internacional, que se revisen las cuentas de Progen, empresa que ha estafado al Estado”, afirmó el abogado. También sostuvo que la compañía habría intentado impedir que se transparenten los movimientos financieros relacionados con el caso y los posibles responsables detrás de las operaciones.
En paralelo, Edhwin Romero, abogado de uno de los técnicos vinculados al proceso y acogido al sistema de protección de víctimas y testigos por amenazas contra su vida, aseguró que su defendido elaboró un informe borrador recomendando que no se contratara a Progen. Sin embargo, indicó que el documento no fue acogido y, en su lugar, se recurrió a una empresa externa para avalar el acuerdo.
El técnico habría detectado varias inconsistencias durante una visita a las instalaciones de Progen en Estados Unidos. Según Romero, los generadores eléctricos no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas para operar en Ecuador, además de presentar signos de deterioro y uso previo. “Las estructuras estaban sobrepintadas, oxidadas y con golpes visibles”, señaló el jurista, quien cuestionó que, pese a las observaciones técnicas, se concretara el contrato y el pago de los anticipos millonarios.
