El Pleno de la Corte Constitucional (CC), en sesión extraordinaria del 30 de marzo de 2023, resolvió declarar la inconstitucionalidad del Decreto 693 de estado de excepción, que firmó el presidente Guillermo Lasso para contrarrestar los estragos del invierno y el fuerte sismo del pasado 18 de marzo.
La corte tomó esta resolución “por no justificarse que las competencias del Ejecutivo se encontraban desbordadas o eran insuficientes para responder a los hechos que motivaron esta declaratoria, conforme lo exige la Constitución”.
Debido a los devastadores daños provocados en varias localidades por la fuerte temporada invernal y el sismo de magnitud 6,6, el Gobierno declaró el estado de excepción en catorce provincias de la Costa, Sierra y Amazonía, por calamidad pública.
La declaratoria por sesenta días fue dictada el 20 de marzo para Guayas, El Oro, Pichincha, Loja, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo y Azuay.
En el dictamen de la Corte Constitucional se enfatizó que el estado de excepción al ser un mecanismo extraordinario, restringido, agravado y de última ratio, no debe ser considerado como la primera opción a la que se acuda para solventar situaciones calamitosas que cuentan con una fórmula de tratamiento constitucional y legal dentro del régimen ordinario.
Además, se estableció que esta declaratoria de inconstitucionalidad da por concluido el estado de excepción y tiene efectos a futuro a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Finalmente, se recordó al Ejecutivo que en atención a situaciones graves y a la respuesta inmediata y diligente que el caso amerita, se cuenta con la vía de la declaratoria de emergencia para atender los efectos de los desastres naturales que han acontecido en el territorio nacional, así como para tomar las medidas necesarias para prevenir y mitigar situaciones similares en el futuro.
Con información de El Universo
