El Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó el 7 de septiembre de 2026 la Resolución 187-2026, con la que se reestructura la administración de justicia especializada en Ecuador. La medida elimina la Unidad Judicial, el Tribunal y la Sala de la Corte Provincial que atendían casos relacionados con corrupción y crimen organizado. Sus competencias técnicas nacionales serán trasladadas a judicaturas penales ordinarias ubicadas en las parroquias Iñaquito y Mariscal Sucre, en el norte de Quito.
Según un informe de la Dirección Nacional de Gestión Procesal, la decisión se sustentó en la baja carga procesal registrada en los despachos especializados, de acuerdo con los datos del sistema SATJE. Con la reestructuración, el número de jueces disponibles para atender delitos complejos aumentará de 35 a más de 50. Las dependencias que asumirán estas funciones cambiarán su denominación para incorporar competencias relacionadas con corrupción, delincuencia organizada, extinción de dominio y delitos financieros.
La Unidad de Garantías Penales de Iñaquito tramitará las causas desde la instrucción hasta la etapa preparatoria de juicio, mientras que el Tribunal Penal de Iñaquito estará a cargo de los juzgamientos. La unidad flagrante de La Mariscal atenderá las detenciones iniciales las 24 horas y la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha resolverá apelaciones, recursos de fuero y procesos de extinción de dominio. Los jueces de las dependencias eliminadas concluirán los procesos que ya tengan audiencias instaladas, suspendidas o fallos pendientes de notificación. La resolución derogó los actos administrativos de 2021 y 2022 que crearon la estructura especializada y entró en vigencia de manera inmediata.t
