El Operativo
El 16 de enero de 2025, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron una serie de allanamientos en las provincias de Esmeraldas y Pichincha. Esta operación se deriva de una investigación iniciada a partir de una denuncia en el Buzón de Transparencia de la Fiscalía, que apunta a un entramado de delincuencia organizada, tráfico de influencias y corrupción que involucra a jueces anticorrupción.
Corrupción en el Sistema Judicial
La investigación ha revelado que, mediante presuntas maniobras legales, se intentó liberar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, el supuesto líder de la organización criminal ‘Los Comandos de la Frontera’ (CDF). Estos implicados habrían recurrido a favores ilegales para tratar de obtener la libertad de Carlos Andrés y Kerly Álvarez, quienes enfrentan cargos por delincuencia organizada y tráfico de drogas.
La Conexión con Jueces
Durante los allanamientos, se inspeccionaron las viviendas y oficinas de tres jueces de la Unidad Anticorrupción: Gabriela Lara, Christian Quito y Jairo García. También están siendo investigados los abogados Oswaldo Trujillo y Grigson Cabeza, quienes defienden a la familia Álvarez, junto a un sexto abogado, Fidel Martínez, cuyo vínculo aún no se ha esclarecido.
Los investigados habrían planificado la liberación irregular de los hijos de Álvarez, quienes fueron procesados el 2 de septiembre de 2023. Trujillo, su abogado, apeló la decisión de detención preventiva de los hermanos, una apelación que se convocó cinco veces antes de ser finalmente resuelta el 2 de diciembre de 2024.
Un Enfoque a la Unidad Anticorrupción
La Unidad Anticorrupción, creada en diciembre de 2022, tiene como misión investigar delitos de corrupción y crimen organizado. Aunque fue diseñada con altos estándares de probidad, los casos de los jueces involucrados en esta trama dejan en evidencia serias irregularidades dentro de la justicia ecuatoriana.
La unidad, que originalmente contaba con 21 jueces, se amplió en enero de 2024 debido a la alta demanda de casos. Sin embargo, la reciente revelación de vínculos entre jueces y organizaciones criminales pone en tela de juicio la integridad del sistema judicial.
Los Comandos de la Frontera
‘Los Comandos de la Frontera’, también conocidos como ‘La Mafia’, es una organización narcoguerrillera que nació tras la desmovilización del frente 48 de las FARC. Esta banda opera en la frontera entre Ecuador y Colombia, traficando drogas y cometiendo delitos como lavado de dinero, secuestros y homicidios en los cantones fronterizos de Ecuador.
A la cabeza de esta organización está Roberto Carlos Álvarez, conocido como ‘El Gerente’, quien junto a sus hijos Carlos Andrés y Kerly, estaría involucrado en operaciones de lavado de dinero a través de empresas de su propiedad en Ecuador.
La mirada sobre el Sistema Judicial
Este caso ha puesto al descubierto múltiples irregularidades dentro de la Unidad Anticorrupción y ha encendido las alarmas sobre la posible infiltración del narcotráfico en el sistema judicial. La Fiscalía continúa rastreando los vínculos entre jueces y organizaciones criminales, y la atención se centra ahora en las acciones que tomará el Ministerio Público para restaurar la confianza en el sistema judicial ecuatoriano.