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Crecen las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos en Ecuador

La declaración de ‘conflicto armado interno’ y sus consecuencias

Desde la declaración de «conflicto armado interno» por parte del presidente Daniel Noboa y la disposición de las Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones militares que neutralicen a los grupos terroristas, el 9 de enero de 2024, el país ha sido víctima de abusos, muertes extrajudiciales y desapariciones forzadas.

De enero a julio de 2024, la Fiscalía ha registrado casi 200 denuncias por tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas.

Pronunciamiento de organismos internacionales

Human Rights Watch y Amnistía Internacional han recibido y documentado estas constantes violaciones, reaccionando al anuncio del presidente Noboa. Anita Piquer, de Amnistía Internacional, afirmó que “las excepcionales que restringen los derechos humanos han pasado de ser temporales a convertirse en las medidas norma en Ecuador, y las repercusiones negativas”.

Por su parte, Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, contradecía la existencia de «un conflicto armado interno», argumentando que la misma «parece carecer de sustento legal y podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos», según su carta enviada al presidente Noboa en mayo de 2024.

El caso de Carlos Javier Vega y Eduardo Velasco

La periodista de investigación Karol Noroña relató los hechos ocurridos en el caso de los primos Carlos Javier Vega, de 19 años, y Eduardo Velasco. Según su investigación, estos jóvenes fueron alcanzados por balas de fusiles de miembros de la Armada ecuatoriana durante un operativo en el barrio Cuba, al suroeste de la ciudad de Guayaquil.

La Armada, mediante un comunicado y las declaraciones de sus miembros involucrados, acusó a los jóvenes de ser terroristas, afirmando que los disparos se realizaron «a las llantas» del vehículo en el que viajaban y que fueron impactados debido a la «inestabilidad del terreno» y a la impericia del conductor.

Sin embargo, los testimonios y las pruebas periciales y forenses encontraron varias inconsistencias en estas afirmaciones, las cuales son relatadas por la periodista en su reconstrucción de los hechos del 2 de febrero de 2024. Ese día, Carlos Javier perdió la vida con cuatro órganos vitales lacerados y su primo sobrevivió a un disparo de frente, que pudo haber sido mortal.

El caso es investigado desde el 19 de febrero, como una extralimitación por parte de los miembros de la Armada, sin embargo el abogado de la familia exige que el mismo sea juzgado como ejecución extrajudicial.

Diferencias entre extralimitación y ejecución extrajudicial

Existe una clara diferencia entre estos dos delitos. El Código Integral Penal establece que la extralimitación es el uso progresivo de la fuerza, que debe ser siempre proporcional en los casos en que deba aplicarse, y que, como efecto, cause lesiones a una persona. En cambio, la ejecución extrajudicial implica que un agente estatal, de forma deliberada, cause la muerte de una persona, amparándose en la potestad del Estado para j.

Las condenas también varían: en el caso de la extralimitación, cuando se produce la muerte, la sentencia puede llegar a los trece años de prisión. En el caso de la ejecución extrajudicial.

Pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos sobre el caso

Cuando conoció el hecho, Human Rights Watch categorizó el caso de Carlos Javier Vega como una «aparente ejecución extrajudicial». Este criterio fue compartido por Amnistía Internacional, que destacó que, según la información disponible, ninguno de los jóvenes estaba armado ni representaba una amenaza para el personal militar; sin embargo, las heridas de bala de Vega comprometieron órganos vitales.

Además, esta organización alertó sobre una posible desaparición forzada de dos jóvenes, presuntamente cometida por las Fuerzas Armadas en la provincia de Los Ríos.

Casos de desapariciones forzadas

El caso de José e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, cuatro niños y adolescentes del barrio Las Malvinas en Guayaquil, conmocionó al país.

Estos cuatro niños y adolescentes, detenidos por las Fuerzas Armadas de manera forzada, y cuyos cuerpos aparecieron 16 días después con señales de tortura, desmembrados e incinerados, encendió las alarmas de las violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas del orden.

A ese se suma el caso de Dave Loor, un joven albañil de 24 años de la provincia de Los Ríos, que desapareció tras una detención militar.

Los familiares y abogados del joven señalan irregularidades en las versiones.

El 26 de agosto de 2024, Loor fue detenido junto a su acompañante, Juan Daniel Santillán, por efectivos del Grupo de Fuerzas Especiales No. 25 Base Sur en Ventanas. Según un informe militar, los jóvenes fueron liberados ese mismo día en horas de la tarde, pero esta afirmación no ha podido ser corroborada.

El documento también vincula a Loor con una supuesta banda criminal, aunque su familia rechaza esta afirmación y señala que, durante la búsqueda de Dave, encontraron a tres jóvenes abandonados, golpeados, sin zapatos ni ropa interior, quienes afirmaron que fueron torturados por los militares que llevaron a Loor y Santillán.

En septiembre de 2024, un juez de garantías constitucionales concedió un hábeas corpus a la familia de Dave Loor, declarando el caso como desaparición forzosa.

Sobre los abusos cometidos por las Fuerzas Militares

El presidente Noboa desestimó estas denuncias y afirmó que defendería a “todo uniformado” ante cualquier “antipatria” que se atreva a decir que en Ecuador se violan los derechos humanos.

Para la abogada Silvana Tapia, doctora en estudios jurídicos y experta en criminología crítica, “la militarización es una cortina de humo» que el gobierno utilizó para imponer medidas como el aumento del IVA al 15%, pero que no han resuelto el problema real, ya que esta lucha «nunca se ha dirigido a los sistemas financieros que lideran las mafias.

Analistas, especialistas y miembros de organismos de derechos humanos afirman que la militarización del país ha sido un completo fracaso y solo ha causado constantes y reiterativas violaciones a los derechos humanos, tanto a nivel carcelario como en la sociedad.

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