El presidente de la República, Daniel Noboa, envió al Registro Oficial la Ley reformatoria a la normativa de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) sin presentar observaciones, con lo que quedó oficialmente sancionada. La iniciativa ya había sido aprobada en la Asamblea Nacional con 77 votos, respaldada por la bancada oficialista ADN y sus aliados.
Con esta decisión, el Ejecutivo da paso a la entrada en vigencia de una normativa que ha generado inquietud entre alcaldes y prefectos, quienes advierten un posible impacto en la sostenibilidad financiera de municipios y prefecturas. La medida marca además un nuevo escenario de tensión entre el Gobierno central y varias autoridades seccionales.
La reforma establece que, desde 2025, los GAD deberán destinar al menos el 65 % de su presupuesto a inversión en obras públicas. Este porcentaje se incrementará de forma progresiva: 68 % en 2027 y 70 % en 2028. El porcentaje restante podrá utilizarse para gasto corriente, que incluye principalmente el pago de salarios y funcionamiento institucional.
Autoridades locales sostienen que la disposición podría distorsionar la contabilidad de los proyectos, ya que el personal técnico y operativo forma parte esencial de la ejecución de obras. Al no ser considerado como inversión, advierten que se reduciría el porcentaje reportado de ejecución, lo que podría derivar en sanciones o incluso en una disminución de transferencias desde el Gobierno central si no se cumplen los nuevos umbrales establecidos.
