El decreto 500, firmado el 7 de enero de 2025 por el presidente-candidato Daniel Noboa, ha generado controversia al designar como Presidenta encargada a Cynthia Gellibert y justificar su ausencia entre el 9 y el 12 de enero bajo «fuerza mayor». Según expertos y líderes políticos, esta acción vulnera la Constitución y las leyes electorales.
El constitucionalista Ismael Quintana afirmó que el decreto desconoce las reglas de sucesión presidencial y utiliza de manera indebida la figura de «fuerza mayor», ya que esto se aplica solo en circunstancias extraordinarias, no en actividades de campaña. Según Quintana, el presidente debería haber solicitado licencia a la Asamblea Nacional, tal como lo estipulan el artículo 146 de la Constitución y el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El expresidente Rafael Correa calificó la acción como «una grosera burla que destroza el Estado de Derecho». Por su parte, el jurista André Benavides señaló que permitir esta interpretación del artículo 93 del Código de la Democracia desnaturaliza su objetivo: garantizar la igualdad de condiciones entre candidatos. Benavides también alertó sobre un posible fraude a la normativa electoral
Además, se han presentado denuncias por el uso indebido de recursos públicos, con la apertura de campaña en Carondelet como ejemplo de infracción electoral. Según el constitucionalista Salim Zaidán, la única persona que podría reemplazar a Noboa es la vicepresidenta Verónica Abad, ya que no existe «abandono del cargo», como señala el decreto.
La asambleísta Mónica Palacios criticó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por su inacción frente a la evidente violación de las leyes. Palacios sugirió que el silencio del organismo podría estar vinculado a conflictos de intereses relacionados con contratos y designaciones de familiares de los consejeros.
En este contexto, se esperan acciones legales y pronunciamientos de organismos competentes para determinar las consecuencias de esta violación constitucional
