El reciente fallo, que desestimó una denuncia contra el expresidente Rafael Correa por supuesto uso indebido de aviones presidenciales, revela que las instituciones de Ecuador han podido ser un instrumento en la persecución contra dirigentes de izquierda, específicamente de la Revolución Ciudadana.
En 2019, el entonces contralor general Pablo Celi, recientemente sentenciado a 8 años de reclusión por delincuencia organizada, denunció al exmandatario Rafael Correa por «manejo irregular» de los aviones presidenciales del Ecuador entre 2012 y 2017.
Este miércoles, el Tribunal de Justicia concluyó que la invocación jurídica de la Contraloría es falaz y, debido a esto, declaró la nulidad del acto administrativo impugnado.
Al respecto, la abogada experta en ciencias penales y auditoría Alejandra Vivanco plantea que el pronunciamiento del Tribunal «provoca alerta y obliga a reflexionar», en torno al funcionamiento de las entidades y los intereses políticos.
Al respecto, el expresidente Correa resaltó en Twitter que la acusación en su contra se mantuvo por casi seis años en base a mentiras, al tiempo que acusó al exprocurador Celi de ser un instrumentos de persecución de la administración de Lenin Moreno, exmandatario sobre quien ahora pesa un proceso por corrupción.
En septiembre de 2019, cuando se enteró de la acusación en su contra, Correa lamentó que se le «glosara» por haber puesto a los aviones presidenciales a disposición de todo el Estado en lugar de haber hecho uso exclusivo de los mismos cuando fungía con jefe de Estado.
Por Manuel F. Díaz
