El Gobierno de Ecuador, a través de la Cancillería, presentó una protesta formal ante Colombia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente Jorge Glas como un “preso político”. El pronunciamiento fue difundido la noche del martes 7 de abril de 2026 mediante un documento oficial compartido en redes sociales.
En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana rechazó dichas afirmaciones y sostuvo que Glas “no es un perseguido político”, sino una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos como asociación ilícita, además de enfrentar causas por peculado. La Cancillería enfatizó que las condenas fueron emitidas por autoridades competentes, en apego a la Constitución y respetando el debido proceso.
Asimismo, el Gobierno ecuatoriano advirtió que cualquier intento de deslegitimar las decisiones judiciales constituye una “violación flagrante del principio de no intervención” en asuntos internos, establecido en el derecho internacional. En el mismo documento, también se señaló que las declaraciones de Petro afectan las relaciones bilaterales entre ambos países e insistió en la necesidad de respeto mutuo en el manejo de temas sensibles.
