El derecho a la vida, uno de los más fundamentales porque sostiene la existencia misma, es el que se viola con cada femicidio que se registra en Ecuador.
Cada hecho de violencia que termina en femicidio genera una odisea para los que quedan, los que piden justicia y se enfrentan a un sistema judicial que resulta esquivo a la hora de evitar que el caso quede en la impunidad.
Son familiares y amigos de las víctimas, que alzan su voz exigiendo justicia. Su lucha tiene mayor resonancia en el Día de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.
El 52,9 % de estos están en la etapa de investigación previa (241) y el 14 %recibieron un dictamen acusatorio a la espera de lo que finalmente se resuelva (64).
Apenas el 11,4 % de las 456 causas por femicidio entre 2021 y 2023 han terminado en sentencia condenatoria de los responsables, con un total de 52 casos
Incluso hay diez causas en las que se determinó el sobreseimiento (2,2 %). El resto están en la etapa de llamamiento a juicio (5 %), han sido archivadas (3,3 %), están en instrucción fiscal (2,6 %), obtuvieron dictamen abstentivo (3,9 %) y el 4,6 %
permanece en otras fases.
La mayor parte de los casos se quedan sin recibir sentencia. En unos casos no se logra determinar a los responsables del delito o los operadores de justicia no pueden probar su culpabilidad.
Geraldine Guerra, presidenta de la fundación Aldea, califica las cifras sobre el nivel de resolución del sistema judicial como aterradoras. “Hay un mensaje permanente de impunidad. Las muertes violentas de mujeres por razones de género quedan en
la absoluta impunidad. Y de las que son judicializadas, como los femicidios, solo uno de cada diez casos termina con sentencia condenatoria viéndolo de otra manera”.
No hay una sanción contundente frente a un delito como el femicidio, agrega. El mismo presidente de la República Guillermo Lasso daba cuenta la semana pasada de esta situación con lo ocurrido en torno a dos casos cuyos responsables sentenciados fueron excarcelados por una jueza de Montecristi, en Manabí.
“Me entero de que una jueza de Montecristi ha dejado libre a dos femicidas. Quiero que sepan que he dispuesto una inmediata acción para denunciar a la jueza, pedir la revocatoria de la medida y que estos dos personajes regresen a la cárcel”, dijo Lasso.
Luis Eduardo C. D., uno de los excarcelados, ya fue recapturado. Él fue sentenciado en instancias por el asesinato de su esposa Bertha Elizabeth Minchala Ortiz, a quien asfixió hasta matarla el 16 de noviembre del 2016 en Cuenca. Al final del proceso recibió una pena de 34 años de prisión.
Carlos F., otro de los liberados y sentenciado por la muerte de Cristina Palacio en 2017, aún sigue prófugo tras su excarcelación.
“Ambos son femicidas confesos. Entonces ni siquiera la condena es garantía. Esta jueza debería ser destituida e ir presa, ese sería un mensaje contundente. Además, que repare a las familias que deben contratar abogados y lograr que pongan a ese
señor (Carlos F.) en el listado de los mas buscados. Esos casos son una vergüenza para el sistema de justicia”, asegura Guerra.
Más información en El Universo