La organización Human Rights Watch denunció que autoridades ecuatorianas utilizaron informes secretos de inteligencia para congelar cuentas bancarias de organizaciones indígenas y ambientalistas, así como de sus líderes. Las medidas fueron ejecutadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) desde septiembre de 2025, en medio de protestas contra la eliminación de subsidios al diésel y proyectos mineros.
Según el informe, los jueces revocaron varios bloqueos tras constatar que las autoridades no presentaron pruebas que justificaran estas decisiones. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advirtió que las herramientas contra el lavado de dinero no deben utilizarse para restringir la labor de la sociedad civil ni para frenar protestas pacíficas.
La UAFE aplicó una disposición de la Ley de Transparencia Social que permite congelar cuentas sin orden judicial previa, basándose en indicios de operaciones sospechosas. Sin embargo, organizaciones han cuestionado la constitucionalidad de esta norma, mientras que durante audiencias judiciales se negó el acceso a información clave alegando el carácter reservado de los informes de inteligencia.
El bloqueo de cuentas afectó gravemente el funcionamiento de varias organizaciones, paralizando programas sociales, ambientales y educativos. Además, algunos afectados señalaron que no fueron notificados oportunamente, lo que dificultó su defensa. Casos como los de la organización indígena Alianza Ceibo y la UDAPT evidencian que las cuentas fueron desbloqueadas solo después de que los jueces exigieran pruebas que nunca se presentaron.
Human Rights Watch alertó que estas prácticas podrían vulnerar derechos fundamentales y llamó a revisar la normativa para garantizar que cumpla con estándares constitucionales e internacionales. También advirtió que varias personas enfrentan investigaciones penales paralelas, lo que podría derivar en un uso indebido del sistema judicial para limitar la labor de organizaciones sociales.
