Tras 26 días de bloqueos liderados por el movimiento indígena en las provincias de Imbabura, Carchi y Pichincha, el Gobierno nacional autorizó la implementación de jornadas laborales diferenciadas. Esta medida, anunciada por el Ministerio de Trabajo este 17 de octubre de 2025, busca mantener parcialmente la actividad económica en regiones duramente golpeadas por la crisis social.
El conflicto social ha escalado, con cortes de vía persistentes y una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas desplegadas para controlar el orden, especialmente en el norte del país. A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por minimizar el impacto del paro, la medida refleja que la paralización continúa afectando seriamente la movilidad, la producción y el trabajo.
La resolución permite a empleadores y trabajadores pactar, por mutuo acuerdo y por escrito, horarios laborales adaptados a las condiciones actuales. Las horas no trabajadas podrán recuperarse posteriormente, sin recargo salarial, siempre dentro de los límites legales de la jornada ordinaria.
El Ministerio de Trabajo reiteró que los derechos laborales deben respetarse y puso a disposición canales oficiales para denunciar abusos o incumplimientos.
Las protestas se mantienen activas desde el 22 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, una medida gubernamental que —según las comunidades indígenas— encarece la vida en sectores rurales donde la pobreza ya supera el 41%.
A pesar de las millonarias pérdidas económicas que estas protestas han generado, el presidente Daniel Noboa ha descartado cualquier diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), prolongando una crisis que no muestra señales de desescalada.
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