Tras concluir las mesas técnicas entre el Municipio de Quito y los representantes del transporte público, el alcalde Pabel Muñoz anunció que en los próximos días enviará al Concejo Metropolitano una propuesta de ordenanza que contempla un ajuste en la tarifa del pasaje, condicionado al cumplimiento de varias mejoras en el servicio.
La propuesta municipal establece que la tarifa se mantendrá en USD 0,35 hasta el 31 de diciembre de 2026 y que el incremento a USD 0,40 solo podrá aplicarse a partir del 1 de enero de 2027.
El alcalde aclaró que no se aceptó el pedido de los transportistas de elevar el pasaje a USD 0,65. Además, indicó que mientras se implementan las mejoras, el Municipio asumirá una compensación económica para evitar un impacto inmediato en el bolsillo de los ciudadanos.
“Los quiteños tienen derecho a un servicio de calidad, con buses en buen estado, conductores capacitados, seguridad, frecuencias regulares y tecnología. Estas condiciones no son negociables”, señaló Muñoz en un mensaje dirigido a la ciudadanía.
La ordenanza incluirá una serie de compromisos y cambios orientados a modernizar el sistema de transporte público en Quito. Entre las principales medidas acordadas constan:
- La implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), que permitirá pagar el pasaje mediante Tarjeta Ciudad, código QR o cédula de ciudadanía.
- La puesta en marcha de un Sistema de Información al Usuario conectado al SIR, mediante pantallas informativas sobre rutas, tiempos de llegada y duración de los trayectos.
- El funcionamiento de un Sistema de Ayuda a la Explotación para monitorear las unidades vía GPS, controlar velocidades, frecuencias y operación de rutas en tiempo real.
- La colocación de letreros visibles en las unidades para reportar quejas ciudadanas y aplicar sanciones.
Según el alcalde, estas herramientas tecnológicas permitirán fortalecer el control municipal y exigir mejoras reales en la calidad del servicio.
Muñoz también vinculó la discusión tarifaria con la eliminación del subsidio al diésel aplicada por el Gobierno Nacional, decisión que —dijo— afecta directamente la economía de las familias quiteñas.
“Frente a esa decisión, nuestra responsabilidad es garantizar que cualquier medida relacionada con el transporte público esté acompañada de mejoras reales para los usuarios”, sostuvo.
Finalmente, el Burgomaestre afirmó que las medidas acordadas buscan construir un sistema de transporte moderno, eficiente y digno, priorizando tanto la economía de los ciudadanos como la calidad del servicio en la capital.
