Ecuador: Un país que ya no es un oasis de paz
Hace algunos años, Ecuador se destacaba por su estabilidad en medio de Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo. Sin embargo, hoy el país enfrenta una escalada de violencia sin precedentes. Las bandas criminales han desbordado la seguridad, llevando la tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38,8 en 2024, con un alarmante pico de 47 en 2023, convirtiéndolo en el país con la mayor tasa de homicidios en Latinoamérica.
Alertas internacionales y nacionales sobre la violencia
Organizaciones internacionales, como Insight Crime, y locales, como el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos (OMSCQ), han lanzado alarmas sobre la creciente violencia en el país. En su informe más reciente, Insight Crime calificó a Ecuador como el país más violento de la región, con un promedio de un asesinato por hora en 2024.
2025: La violencia continúa en aumento
Las cifras oficiales del OMSCQ revelan que, en los primeros meses de 2025, la violencia no muestra signos de mejora. Con 1.300 asesinatos registrados en los primeros 50 días del año, el país ha visto un aumento del 40% en comparación con 2023, que ya había sido el año más violento en la historia reciente.
En medio de esta crisis, al menos 50 menores de edad han sido víctimas de la violencia en lo que va del año, entre ellos tres bebés, reflejando la brutalidad sin control que azota a la población.
Más armas, más violencia
Los expertos apuntan a las bandas criminales como responsables del aumento de la violencia. Estas bandas están más armadas y mejor entrenadas que nunca. En 2024, el 85,1% de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego, un aumento significativo respecto al 47,6% de 2017.
Los cantones más violentos del país
Los cantones con más de 200.000 habitantes, como Durán, Esmeraldas, Manta, Machala, Portoviejo, Guayaquil, Daule y Milagro, registran tasas de homicidio que oscilan entre 147 y 19 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la violencia se ha expandido por todo el país, con Ambato registrando un aumento del 240% en su tasa de homicidios.
La crisis de seguridad y el fracaso del Plan Fénix
El gobierno de Daniel Noboa presentó el «Plan Fénix» como una solución para recuperar la seguridad en las calles y las cárceles del país. No obstante, el plan ha fracasado estrepitosamente. En lugar de resultados, las autoridades han optado por medidas como la declaración de conflicto armado interno, el aumento del IVA y la solicitud de ayuda militar extranjera.
Aunque el presidente ha solicitado el apoyo de países aliados para reforzar la seguridad, la propuesta parece más un movimiento político que una solución efectiva a la crisis. La falta de recursos, la escasa transparencia en la compra de chalecos antibalas y la repetición de estrategias sin éxito han dejado claro que el problema sigue sin resolverse.
Los ojos del mundo evidenciaron, en el video filtrado que circula en redes, que el Plan Fénix es un show más montado desde el gobierno Nacional para fortalecer «su imagen». Un plan inexistente sin estrategia, sin política efectiva, que se diluye en el aumento de muertes violentas que se registran todos los días.
Escenas de terror diario
Ecuador vive hoy escenas dignas de un guion de ficción. Asesinatos en playas turísticas, ataques en zonas residenciales y enfrentamientos entre sicarios han dejado a la población sumida en el miedo. En Guayaquil, por ejemplo, se ha registrado una nueva masacre en Nueva Prosperina, donde al menos 22 personas fueron asesinadas.
La guerra entre bandas criminales
La violencia es alimentada por las luchas entre facciones rivales dentro de las organizaciones criminales, como la banda Los Tiguerones. Estos grupos, con conexiones internacionales y apoyo político, operan en las sombras, controlando el narcotráfico y corrompiendo a las élites del país. En este contexto, el gobierno no ha logrado desarticular estas organizaciones, que se han adaptado a nuevas formas de operar.
La militarización del combate al crimen: Un enfoque erróneo
En plena campaña electoral, el Gobierno ha optado por la retórica fácil y demagógica, proponiendo la intervención de tropas extranjeras para enfrentar lo que describe como una “guerra” contra los grupos criminales. Esta postura, más preocupada por la imagen mediática que por una solución real, es un grave error. La militarización del combate al crimen organizado, lejos de resolver el problema, lo agrava. En lugar de debilitar a los cárteles, solo los fortalece, y, en vez de reducir la violencia, la multiplica.
Lo que Ecuador necesita no es una intervención militar externa, sino una estrategia de inteligencia criminal robusta y un control real de las cárceles, dos pilares fundamentales para frenar la violencia. La “guerra” sin una inteligencia criminal efectiva ni un control adecuado de las prisiones solo es una medida superficial que perpetúa el problema. Las cárceles en Ecuador se han convertido en fortalezas de las mafias del narcotráfico, que operan con total impunidad. Sin una estrategia de inteligencia y sin garantizar el control sobre el sistema penitenciario, cualquier intervención militar solo incrementará la violencia y la desestabilización del país.
Una solución integral: La propuesta de cooperación regional
Un modelo alternativo de abordaje al problema de las drogas ya fue exitosamente propuesto en el pasado bajo la presidencia de Rafael Correa, cuando Ecuador, como presidente pro tempore de la UNASUR, impulsó el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas. Este modelo de cooperación regional apostó por una solución integral que no se limitaba a la criminalización y represión, sino que planteaba una erradicación de las raíces del problema mediante políticas sociales, económicas y de desarrollo sostenible.
Los ejes fundamentales de este plan no solo contemplaban la reducción de la demanda mediante programas de prevención, educación y rehabilitación, sino que ofrecían soluciones viables para las comunidades involucradas en la producción de sustancias ilícitas a través del desarrollo alternativo. Además, promovía una cooperación judicial y policial entre los Estados miembros para enfrentar el narcotráfico sin la necesidad de depender de actores externos que instrumentalizan el problema para sus propios intereses. Este enfoque apuntaba al fortalecimiento de las instituciones para que cada país pudiera tener autonomía en la lucha contra el narcotráfico, sin la subordinación a intereses foráneos que han demostrado ser ineficaces y destructivos.
