El caso que en su origen fue INA Papers y que, con un giro discursivo cargado de intención política, fue rebautizado como caso “Sinohydro”, sin sustento alguno, sigue demostrando que en Ecuador la justicia parece avanzar al compás de la coyuntura electoral. Cada reapertura, filtración o declaración mediática coincide con momentos de alta tensión política, lo que plantea una pregunta incómoda, pero necesaria
¿La justicia en Ecuador actúa de manera independiente o se activa como cortina de humo cuando el país se aproxima a decisiones trascendentales en las urnas?
A pocos días de ir a las urnas a una nueva consulta popular —programada para 16 de noviembre de 2025—, el proceso penal, dilatado por años y demostradamente muerto, vuelve a resonar. No es coincidencia. En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona, revivir causas posicionadas como emblemáticas puede resultar un recurso eficaz para moldear percepciones, distraer del presente o reconstruir legitimidades en disputa.
Una historia de nombres y conveniencias
El cambio de nombre de INA Papers a “Sinohydro” no es simple cambio de apelativo. Implica una estrategia narrativa que buscaba reubicar el foco de atención en un momento de inestabilidad del gobierno de Guillermo Lasso, pasando del escándalo político del expresidente Lenín Moreno hacia el símbolo más visible de China en la infraestructura ecuatoriana: la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que ha demostrado con creces la fortaleza de su diseño y construcción para cubrir hasta el 30% de energía requerida por los ecuatorianos.
Lo paradójico es que mientras el uso del nombre de “Sinohydro” implica un fuerte golpe reputacional a la empresa dueña de la denominación, la investigación judicial sigue sin ofrecer claridad en sus avances. Ninguna nueva prueba contundente ha sido presentada, más bien todo apunta a que no hay caso. Ninguna condena firme ha sido ratificada. Lo que sí se repite, como un eco, es su oportuno retorno en vísperas de cada evento electoral.
Fiscales y escenarios cambiantes
En este tablero, el rol de la Fiscalía tampoco ha escapado a la inestabilidad. En el último mes, Ecuador ha visto cómo el despacho del Fiscal General se ha movido entre Wilson Toainga y Carlos Alarcón, dos nombres que encarnan estilos y motivaciones distintas, pero que comparten un denominador común: la sospecha de que las decisiones fiscales responden más a la presión política que a una línea técnica sostenida.
Carlos Alarcón, en particular, ha sido señalado por su tendencia a espectacularizar los procesos, priorizando los micrófonos sobre los expedientes, los titulares sobre la evidencia. Su manejo de ciertos casos emblemáticos ha estado más cerca del performance mediático que del rigor jurídico, contribuyendo a que causas complejas como Sinohydro se conviertan en series de episodios públicos antes que en procesos judiciales consistentes.
La política de las cortinas de humo
Ecuador ha aprendido a reconocer el patrón: cuando la crisis social arrecia o cuando la popularidad de los gobiernos cae, aparecen casos “resucitados”, audiencias sorpresivas o investigaciones filtradas. En este contexto, la pregunta de fondo es si la justicia ecuatoriana podrá, alguna vez, romper esa dependencia con el calendario político. Porque mientras los fiscales cambian, las portadas se repiten y las audiencias se dilatan, la confianza en el sistema judicial continúa deteriorándose.
Hoy, a pocas semanas de una nueva cita electoral —la consulta popular del 15 de noviembre— surge una pregunta inevitable: ¿volverá a reactivarse este caso justo antes del proceso, buscando alterar el tablero político? La historia reciente nos da una pista clara: todo indica que sí. Fin
