Andrés Villegas, abogado defensor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (Imagen Only Panas)
El abogado Andrés Villegas, defensor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2018), afirmó este lunes que el caso judicial actual contra su cliente, por presunto peculado, es un «grotesco lawfare» (uso de la justicia con fines políticos), al que espera que se le ponga fin cuanto antes.
«Sin ninguna duda, el caso Reconstrucción de Manabí es el ejemplo más grotesco de lawfare en el Ecuador, no sólo porque la acusación es abiertamente burda, sino también por el tiempo en que se activó el proceso», dijo en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik.
El defensor se pronunció en tales términos a pocas horas de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) comunique este lunes el fallo contra Glas por el caso denominado «Reconstrucción de la provincia de Manabí», una de las más impactadas por el terremoto de abril de 2016.
Más recientemente, el exfuncionario fue procesado por presuntas irregularidades en al menos 11 de los más de 500 proyectos priorizados por el Comité gubernamental creado para reconstruir a Manabí, luego del evento natural de 7,8 grados que causó pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones y dejó 671 fallecidos.
Para el abogado, sin embargo, este proceso se configura en un lawfare no sólo por la persecución del objetivo político, en este caso Glas, sino también por el «amedrentamiento» hacia los abogados que ejercer la defensa de los perseguidos.
«Por ello, nos descartamos que se intente mancillar la reputación de los abogados que defendemos a las víctimas de lawfare, a través de sanciones disciplinarias, el uso de conocidos delincuentes que se prestan para participar como cooperadores, y mil y una argucias intimidatorias», alertó.
Por este nuevo caso, Glas podría ser condenado a 13 años de cárcel, luego de que, previamente, el exfuncionario cumplió más de seis años de una pena acumulada por dos procesos por presunta corrupción y pudo salir de la cárcel mediante el régimen de pre-libertad (con requisitos).
Tras salir de la reclusión, el mismo exfuncionario comenzó a conducir un programa radial «Glas en línea», en la emisora local Radio Sonorama, donde abordaba temas de la situación del país y donde se defendió de la acusación presentada en su contra por un presunto peculado.
Posterior a ello, a finales de 2023, Glas decidió ingresar a la embajada de México tras denunciar persecución política en su contra y lawfare de su caso, pero el Gobierno impidió que pudiera recibir el beneficio al considerar que este no aplicaba al considerarlo un «delincuente común».
En abril de 2025, el presidente Daniel Noboa ordenó la irrupción de la fuerza pública en la legación diplomática, en abril de 2024, para sacar a Glas y lo envió a «La Roca», la cárcel de máxima seguridad del Ecuador, ubicada en el suroeste del país.
Ello causó el rompimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y el inicio de demandas mutuas ante la Corte Penal Internacional de Justicia con sede La Haya. También la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció contra esta acción del Gobierno de Noboa.
COMITÉ PARA LA RECONSTRUCCIÓN
Villegas dijo a esta agencia que la Ley de Solidaridad, destinada a recaudar fondos a fin de destinarlos a la emergencia generada por el terremoto en 2016, y el Comité para la Reconstrucción fueron creados no sólo para reparar lo que se derrumbó, sino también para superar la emergencia, como rescatar personas atrapadas en los escombros o viviendas y también para reactivar la economía de las zonas afectadas por el terremoto.
Sin embargo, «este último eje de acción del Comité, el de la reactivación económica, fue deliberadamente ignorado por la acusación fiscal», puntualizó.
Según la Fiscalía, el monto de las contribuciones solidarias recaudadas en virtud de una Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, y el 2 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) superaron la suma de 1.614 millones de dólares, pero el monto se habría destinado a proyectos «no prioritarios».
La entidad pública señaló que ello causó un perjuicio al Estado de más de 225 millones de dólares, que tendrían que pagar los dos principales procesados como otra de las penas previstas, y «habría beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización».
Viilegas expuso que durante la práctica de la prueba, los mismos peritos de la Fiscalía, contradijeron la tesis de la acusación fiscal.
Enumeró que, por ejemplo, el perito que realizó el análisis del impacto económico de las obras priorizadas -no adjudicadas, ni contratadas por el Comité, dijo que estas incrementaron el empleo en las zonas afectadas por el terremoto, pasando de 22.477 empleos en el 2017 a 61.635 empleos en el 2018 y que estas obras contribuyeron a aumentar el valor agregado bruto pasando del 4,1 por ciento en el 2017 a 4,2 por ciento en el 2018..
Añadió que también el perito citado ratificó que la inversión pública cumple un rol fundamental para reactivar la economía de las zonas afectadas; y que cuando se invierte en una obra pública, ese gasto va a generar un efecto multiplicador en la economía.
A ello se suma que el periodo agregó que la propuesta de recuperación sugerida por la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) incluye la reactivación productiva, y entre los mecanismos para tal reactivación contempla mantener los niveles de empleos, recuperar la operatividad del sector agropecuario, recomponer las cadenas de comercialización y reposicionar la pesca artesanal.
El defensor mencionó que uno de los proyectos priorizados por el Comité, que según la acusación era innecesario, consistió en la construcción de cuatro muelles pesqueros artesanales ubicados en el corazón de los lugares más afectados por el terremoto, en Manabí y Esmeraldas.
«Estos puertos pesqueros priorizados son los de Crucita, en el cantón Portoviejo de la provincia de Manabí; Puerto López; Chamanga, en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas; y Cojimíes, en el cantón Pedernales de la provincia de Manabí», dijo.
Al respecto, apuntó que con solo una búsqueda en internet se puede corroborar la importancia de estos proyecto para tener una idea exacta de la utilidad de estos proyectos.
PECULADO SIN FIRMAR CONTRATOS NI OTORGAR RECURSOS
Respecto al presunto delito por el cual ha sido procesado el exvicemandatario por haber ejercido sus funciones al frente del Comité para la Reconstrucción de Manabí, tanto Glas como su abogado han rechazado la acusación.
En particular, el defensor señaló que «el peculado es un delito conocido por la doctrina como de sujeto activo calificado» y por ello la persona a la cual se le pretenda endilgar esta clase de delitos debe reunir ciertas cualidades, sin las cuales no sería posible ser autor, ni cómplice.
«En el caso del peculado, el autor debe ser un funcionario público, que tenga en su poder recursos públicos, en virtud o razón de su cargo», dijo.
Sin embargo, anotó que dicho Comité para la Reconstrucción de Manabí era un cuerpo colegiado, que no tenía en su poder recursos públicos, no tenía la capacidad de disponer de un solo centavo, no podía adjudicar y menos firmar contratos.
Mencionó que dicha instancia tenía como función primordial la coordinación intersectorial.
«Por ello, de los 584 proyectos por los cuales empezó la investigación no existe ni uno solo que haya sido adjudicado o firmado por el exvicepresidente Glas, presidente del comité, ni por el Ingeniero Bernal, secretario ejecutivo del Comité», aseveró.
Tras su análisis, explicó que no sólo Glas no podía ser autor, ni cómplice de peculado, sino que el mismo peculado no existe.
Expuso que este ilícito se ha tipificado como el abuso, la apropiación, la distracción o la disposición arbitraria de recursos públicos, lo cual no aplicaría en este caso, en su opinión.
Glas ha mencionado que no pudo darse este presunto delito porque él no firmó contratos ni otorgó recursos. Además, ha cuestionado el hecho de que en este caso solo sean procesados él y Carlos Bernal, exsecretario ejecutivo de dicho Comité de Reconstrucción, ambos militantes del movimiento Revolución Ciudadana liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
LA SALUD DE GLAS
Respecto a la condición psiquiátrica de Glas, ratificada en un examen ordenado al iniciar estas audiencias de juicio, Villegas ratificó que esta intención suicida persiste.
«La salud física y psicológica del ex vicepresidente Glas es precaria», aseveró el abogado.
Según el análisis previo al proceso judicial, Glas atraviesa un estado de depresión, pero podía someterse al proceso.
«El último peritaje realizado durante la audiencia de juicio, con todo el sesgo que tuvo, no pudo tapar el sol con un dedo. Confirmó que el riesgo de suicidio es alto», anotó.
El abogado llamó la atención que su defendido ha permanecido recluido en «La Roca» junto a peligrosos delincuentes, excepto durante la realización de este juicio, para lo cual fue traslado a la capital del país.
«La posibilidad de que se intente quitar la vida persiste», ratificó.
En abril de 2024, a pocas horas de su detención, Glas fue ingresado de urgencia en un centro hospitalario de la provincia de Guayas, tras lo cual se confirmó que había intentado quitarse la vida.
En los últimos días su abogado no ha podido tener contacto con su cliente, pero dijo que espera que el tribunal de juicio «por fin, de una vez por todas, le ponga fin al lawfare en contra del exvicepresidente Glas», por lo cual abriga la esperanza de que en este caso se haga justicia y su defendido pueda recobrar su libertad. (Sputnik)
