Fabián Calero, exgerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), rompió el silencio sobre el denominado caso “Apagón”, relacionado con el contrato firmado con la empresa estadounidense Progen, y aseguró que es inocente de las acusaciones en su contra.
A través de una carta difundida en redes sociales, Calero afirmó haber entregado documentación técnica, chats y audios que —según indicó— permitirían esclarecer los hechos y determinar quiénes fueron los verdaderos responsables dentro del proceso contractual.
El exfuncionario informó además que actualmente forma parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos, aunque cuestionó la reciente actuación de la Fiscalía, que solicitó la formulación de cargos en su contra.
“Mi gestión como gerente subrogante se centró en el cumplimiento técnico de un plan de emergencia liderado y dispuesto por el Ministerio de Energía. Todas mis actuaciones se enmarcaron estrictamente en las directrices y disposiciones por escrito emanadas por las altas autoridades del sector”, señaló Calero.
El exgerente sostuvo además que existiría un intento de encubrir intereses políticos dentro del caso y pidió que la ciudadanía permanezca atenta a la información que pueda revelarse en las próximas semanas.
Calero también coincidió con Antonio Goncalves en que “la ruta del dinero” permitirá identificar quiénes accedieron a los recursos entregados a Progen. En ese contexto, propuso la creación de una comisión veedora que supervise y valide la información relacionada con el proceso.
Además, afirmó que su situación económica se ha visto gravemente afectada debido a la persecución laboral y despidos arbitrarios que asegura haber sufrido desde el inicio de la investigación.
Tras las declaraciones de Calero, la exsubcontralora Alejandra Vivanco planteó cuestionamientos sobre el alcance del examen especial realizado por la Contraloría General del Estado dentro de la emergencia eléctrica.
Según Vivanco, si existió una “hoja de ruta” y directrices emitidas desde el Ministerio de Energía, surge la interrogante de por qué las responsabilidades civiles y administrativas se concentraron únicamente en la fase operativa y contractual de Celec EP.
La exfuncionaria advirtió que esto abre un debate técnico y jurídico relevante sobre la posibilidad de que administradores de contrato, gerentes y funcionarios operativos incorporen esta nueva información dentro de la fase de determinación de responsabilidades y glosas.
Asimismo, cuestionó si la Contraloría debería revisar de oficio el proceso para determinar si existieron decisiones superiores, validaciones o disposiciones rectoras que influyeran en la cadena de responsabilidades.
“En control gubernamental no solo importa quién ejecuta. También importa quién decide, direcciona, valida y controla”, enfatizó Vivanco.
