La actuación de la fiscal general Diana Salazar en casos de alto perfil ha sido objeto de constantes cuestionamientos, y el llamado Caso Sinohydro —antes conocido públicamente como INA Papers— se ha convertido en uno de los ejemplos más representativos del posible uso político de la justicia en Ecuador.
Originalmente presentado como una investigación emblemática sobre presuntos actos de corrupción vinculados a funcionarios de alto nivel, el caso captó la atención nacional e internacional. Sin embargo, el cambio de nombre del caso —de INA Papers a Sinohydro— levantó sospechas sobre la dirección y transparencia del proceso. El nuevo nombre desplazó del foco mediático las conexiones políticas iniciales del caso, diluyendo su narrativa original y provocando fuertes críticas desde distintos sectores.
En términos judiciales, el caso ha sufrido varios vaivenes. La Fiscalía General procesó inicialmente a 40 personas por presunto cohecho. Pero en julio de 2023, emitió un dictamen de abstención a favor de 15 de ellos, reconociendo que no existían elementos suficientes para sostener una acusación penal. Esta decisión, que implica el reconocimiento formal de su inocencia, sembró dudas sobre la solidez con la que se estructuró la causa desde el inicio.
Más recientemente, la audiencia convocada por la Corte Nacional de Justicia para el 16 de septiembre de 2024 fue diferida sin mayores explicaciones. A la fecha, no existe una actualización oficial sobre la reprogramación ni sobre avances concretos en la instrucción fiscal, lo que alimenta las percepciones de manipulación política y selectividad en la administración de justicia.
El periodista Fabricio Vela, entre otros, ha cuestionado abiertamente la forma en que la Fiscalía prioriza ciertos casos sobre otros, pues existen investigaciones que no se han efectuado a fondo y con la rigurosidad que exigen como es el caso del teléfono de Fernando Villavicencio, lo que señala que el manejo del Caso Sinohydro ha sido usado como un instrumento para distraer la atención pública o para ejercer presión sobre actores específicos del escenario político nacional.
Estos hechos han intensificado el debate sobre la independencia judicial y el papel de la Fiscalía en el Ecuador contemporáneo. La falta de consistencia en los procedimientos y las decisiones que parecen responder más a coyunturas políticas que a criterios jurídicos sólidos plantean una interrogante urgente: ¿se está haciendo justicia o se está administrando según conveniencias del poder?
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