A través del l Decreto Ejecutivo No. 334 el 19 de marzo de 2026, el presidente Daniel Noboa dispone la implementación de requisiciones de bienes privados en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida forma parte del estado de excepción decretado por grave conmoción interna.
Esta disposición se suma a otras restricciones ya vigentes, como la limitación a la libertad de tránsito y la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y correspondencia. Con ello, el Ejecutivo busca reforzar la capacidad operativa del Estado frente a escenarios de alta conflictividad vinculados a la seguridad.
El decreto incorpora un nuevo artículo que permite disponer requisiciones para garantizar la continuidad de servicios esenciales y preservar el orden público. Estas podrán aplicarse sobre bienes lícitos como vehículos, combustible, equipos de comunicación y maquinaria, cuando su ausencia impida o retrase la intervención estatal en zonas consideradas críticas.
El Gobierno aclaró que estas requisiciones no constituyen confiscaciones, sino medidas temporales y focalizadas, sujetas a control y con obligación de restitución o compensación. Al finalizar el estado de excepción, el Estado deberá indemnizar a los propietarios. La ejecución estará a cargo del Bloque de Seguridad y la medida fue notificada a instituciones nacionales y organismos internacionales, en el marco de un régimen que se mantendrá por 60 días para enfrentar a la delincuencia organizada.
