El Gobierno emitió el reglamento de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Otros Delitos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y detección de operaciones financieras ilegales. El documento está compuesto por 85 artículos y siete disposiciones generales que establecen nuevas obligaciones y procedimientos para el sistema financiero nacional.
Entre los principales cambios se dispone la creación del Consejo Nacional de Coordinación de Lavado de Activos (Conclaft), que estará integrado por un delegado del presidente de la República. Esta instancia será la encargada de articular acciones entre las instituciones del Estado para prevenir, detectar y combatir el lavado de activos.
El reglamento también contempla la posibilidad de inmovilizar fondos provenientes de transacciones sospechosas por un período de hasta 72 horas. Esta medida cautelar podrá ser ordenada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) al sistema financiero, mientras se activan los mecanismos judiciales correspondientes.
Además, se prohíbe el uso de dinero en efectivo en transacciones iguales o superiores a USD 10.000 y se establecen controles más estrictos sobre los movimientos financieros de personas políticamente expuestas. Bancos, cooperativas y demás entidades financieras deberán implementar mecanismos de control interno y reportar cualquier irregularidad detectada a la UAFE.
