El caso INA Papers, que arrancó en 2019 bajo la sombra del escándalo bautizado de la familia Moreno y sus allegados, sigue atrapado en un laberinto judicial sin salida clara.
Ahora, la atención se centra en el tiempo indefinido que el conjuez se tomará para calificar las apelaciones presentadas por la Fiscalía a los dos sobreseídos del caso. Un plazo tan laxo que no solo prolonga la incertidumbre de los procesados, sino que incluso les permite viajar al extranjero mientras el expediente duerme en los escritorios judiciales.
El reloj detenido de la justicia
La indefinición del conjuez es un síntoma de un sistema que parece cómodo con la dilación.
No existe calendario ni compromiso público para resolver las apelaciones, lo que convierte al proceso en un terreno fértil para la impunidad y la desconfianza ciudadana.
Cada día que pasa sin resolución es un recordatorio de que la justicia ecuatoriana puede estirarse indefinidamente, sin consecuencias.
Viajes internacionales en medio del juicio
El ejemplo más evidente de esta laxitud es el expresidente Lenín Moreno, procesado en el caso, quien viajó a Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado.
Mientras tanto, en Ecuador, el expediente sigue sin avanzar. La paradoja es brutal: quienes deberían estar sujetos a un proceso riguroso gozan de libertad para participar en actos internacionales, mientras el sistema judicial se muestra incapaz de marcar tiempos claros.
INA Papers, no Sinohydro
Conviene recordar que este caso no tiene que ver con la empresa Sinohydro en sí, sino con la familia y allegados de Moreno.
El nombre INA Papers surgió de las terminaciones de los nombres de sus hijas: Ina de Cristina, INA de Irina, Ina de Karina. Ninguna “INA” es por China y tampoco, por supuesto, a Sinohydro.
Sin embargo, la Fiscalía insiste en sostener un relato que mezcla empresas, familias y supuestas tramas de corrupción, sin lograr consolidar pruebas sólidas.
Un proceso que erosiona la legitimidad
La prolongación indefinida del caso no solo afecta a los procesados, sino que desgasta la credibilidad de la justicia ecuatoriana. La apelación pendiente se convierte en un símbolo de la incapacidad institucional para cerrar un expediente que desde sus orígenes estuvo mal planteado. La justicia sin reloj es, en realidad, una justicia sin rumbo. Fin
